Acerca de Sucre, el Mariscal y la ciudad – Parte 9

Autor: Varios.
Fuente: Suplemento del periódico La Razón, Bolivia, La Paz, marzo de 1995.

LAS LUNAS DEL GUERRERO
Autor: Juan Carlos Orihuela

“Sucre fue impenetrable, ermitaño y solitario, de un solo amor en su vida: un día le entró La Marquesa por los ojos y nunca más se la pudo sacar de encima”, se lee en las primeras páginas del estudio que Fernando Jurado Noboa dedica a Antonio José de Sucre en su libro Las noches de los libertadores (Quito, 1991).
Lo singular de esta obra radica en el paralelo que establece el autor entre la relación cronológica de los sucesos político-militares que protagonizara el Mariscal de Ayacucho, y las estrías de una vida interior a la que, a pesar de tanta voluntad, le fuera negada el dominio de las realizaciones: vivir en paz con la mujer que amaba, en la Casa Azul, el espacio que había reservado para los recuerdos y el ocio sereno de la vejez.
Atribuyo pues a esa orientación e inquietud que Jurado Novoa imprime a su obra (poco común en los estudios dedicados a un personaje histórico de la estatura del Mariscal), el haberme decidido a recrear esos recovecos que, por lo general, no llaman la atención de especialistas y que, sin embargo, digo yo, en muchos casos pueden haber sido vitales en la toma de decisiones, a la hora de dirigir una batalla, o firmar una capitulación.
Quiero decir que no pudo serme indiferente el hecho de que aquel guerrero, que gozaba con el campo, las macetas y el agua tibia, aprendiera desde temprano que no eran concebibles el relincho y la pólvora lejos de un lecho esclarecido por sábanas limpias y cuerpo de mujer fue en las inmediaciones de Guayaquil, Quito, La Paz y Bogotá donde Sucre libró, quizás, sus combates más ásperos, pero fue también allí donde conoció lo más generoso del amor.
II
Tenía 26 años cuando, recién llegado a Guayaquil, conoció a Pepita Gainza, La Leal, con la que bailó y en cuyo corpiño quedó enredada una de las medallas que llevaba en la chaqueta.
–Señorita, esto significa que mis glorias le pertenecen–, dijo El Guerrero, conmovido por el encuentro prematuro.
Sus relaciones con La Leal, sin embargo, sólo durarían unos pocos meses: había conocido a doña Tomasa Bravo, La Morena, e iniciado una turbulenta relación.
Eran los años de las marchas por Zapotal, Angamarca y los páramos del Chimborazo, del arduo trajín entre Samborondón y Babahoyo, de las intensas campañas de guerra interminable. En medio del humo y la balacera, La Morena quedó embarazada, dando a luz a Simona el 22 de julio de 1822.
Pocos días después del nacimiento de su hija, El Guerrero entró en Ambato y, posteriormente, en Latacunga, donde se le recibió con regocijo. Fue allí, según se dice, que entre suntuosas casas esquineras y el desvelo de las familias latacungueñas por atenderlo conoció a doña Mariana Carcelén, La Marquesa de Solanda, La Sigilosa, la que quedaría por siempre en el alma de laberinto del Mariscal.
La Leal, entretanto, guardaría su ausencia en medio de una resignación pertinaz, casándose recién un año después de que El Guerrero fuera asesinado, y acariciando aquella medalla hasta el día de su muerte, a los 76 años de edad.
III
Sucre entró en Quito en mayo de 1822, y poco después comenzó a frecuentar la casa de los Carcelén. Según se sabe, en junio de ese mismo año don Felipe Carcelén, padre de La Sigilosa, ofreció al Mariscal la mano de su hija.
A medida que transcurría el tiempo, el corazón de El Guerrero se hizo más vulnerable a los embates del amor, y no tuvo que pasar mucho antes de que confesara estar hondamente enamorado de La Marquesa. No así ella, que aún no terminaba de resolver en su interior la naturaleza de sus sentimientos hacia Sucre.
A la indecisión, a su espíritu coqueto y a la falta de calidez del Mariscal se debió, probablemente, el hecho de que La Sigilosa se dejara cortejar por Sandes, El Intruso, quien había arribado a Quito al mando del Batallón Rifles, escoltando a Bolívar. Este batallón se había hecho famoso por su gran temperamento en el combate, pero, al mismo tiempo, por su indisciplina y alevosía: sus miembros –venezolanos e irlandeses– eran desordenados y disipados, les gustaba comer y beber en abundancia, raptar mujeres y batirse a cuchillo ante la menor provocación.
A pocos días de su llegada a Quito, El Intruso también quedaría deslumbrado por La Sigilosa, quien no tuvo inconveniente en dar pábulo a sus miradas de lisonja y a sus acechos insistentes.
lV
Hacia fines de marzo de 1823, Sucre y Sandes salieron de Quito por órdenes de Bolívar para dar inicio a la crucial campaña del Perú. Llevaba El Guerrero un retrato de La Sigilosa a la mano, y ambos partían con la sensación de no haber hecho lo suficiente para ser merecedores de su amor. Pero ante todo cargaban con una susceptibilidad mutua que sólo se resolvería quince meses después, en Huamachuco, en el Perú. Aquella noche helada de junio de 1824, el Mariscal se acercó a El Intruso y le propuso que sea el azar el que elija al compañero de La Sigilosa.
–Fiemos a la suerte y brindemos el ponche por la ventura del afortunado–, había dicho El Guerrero. Después de la incertidumbre, Sucre escogió cara, y Sandes corona: salió cara.
Desde ese momento, El Intruso se retiró dignamente de la contienda amorosa, y siguió combatiendo enfermo de amor al lado del Mariscal. Por su parte, el Guerrero continuaba a la espera de noticias de que en quince meses de campaña tan sólo le había enviado tres cartas.
En febrero de 1825, el Mariscal llegó a La Paz, donde convocó a una Asamblea en el Alto Perú para que los pueblos decidieran sus destinos, procedimiento que Bolívar reprobó desde Lima. Poco después conocería a doña Rosalía Cortés y Silva, La Esbelta, con quien iniciaría romance. Tenía 21 años, y vivía con sus padres en el barrio de San Agustín, en la calle de San Juan de Dios.
Para abril de 1825, La Esbelta estaba embarazada, y en enero del año siguiente, mientras el Mariscal vivía en Chuquisaca como Presidente de Bolivia, daría a luz a un varón, a José María Sucre Cortés, a quien atendió con solicitud pero nunca reconoció.
V
Mientras tanto, La Sigilosa no había alterado su silencio, habiendo transcurrido ya más de dos años desde que El Guerrero recibiera su última carta. A mediados de 1827, otra mujer apareció en la vida del Mariscal: doña Manuela Rojas, La Altiva, natural de Tarija, aunque vecina de la parroquia de Santo Domingo en Chuquisaca. Corría el mes de noviembre de 1827 cuando La Altiva quedó embarazada en medio de la alta tensión política que vivía el país.
A todo esto iban a cumplirse cinco años desde que El Guerrero saliera de Quito. Amartelado, fastidiado y encanecido a los 31 años de edad, Sucre decidió efectuar de una vez su matrimonio con La Marquesa, enviando un poder para casarse a distancia. Entusiasmado por aquella iniciativa, compró la Casa Azul para que la pareja viviera en Quito.
El matrimonio por poder había quedado fijado para el día 20 de abril de 1828 en la ciudad de Quito. En la madrugada del 18 de abril estalló una revuelta en contra de El Guerrero, en la que un disparo le fracturó el húmero. Algunos días más tarde, sofocada la insurrección, se llevaría a cabo el matrimonio.
Los meses siguientes los pasó en Nucchu bajo el cuidado de La Altiva, quien el 7 de junio de 1828 dio a luz a un varón, César Sucre, quien fuera reconocido por el Mariscal ante la tenaz insistencia de la madre. Poco después El Guerrero envió un mensaje de despedida a los bolivianos y abandonó Bolivia para siempre, dirigiéndose luego a Quito, adonde llegó el domingo 28 de septiembre de 1828. Allí durmió por primera vez con su esposa, Mariana, La Sigilosa, a quien volvía a ver después de cinco años y medio de ausencia.
VI
A pesar de la gran frustración por lo sucedido en Bolivia, El Guerrero había iniciado una nueva vida al lado de La Sigilosa, siempre atento a las órdenes de Bolívar, aunque prácticamente desde el servicio pasivo.
Entretanto, la Casa Azul se había convertido casi en una obsesión para el Mariscal. Los adornos de la azotea, el color de la casa, las dimensiones de los zaguanes, la ubicación de los maceteros estaban permanentemente en su pensamiento, y hasta había fijado fecha para habitarla: 30 de junio de 1830.
Pese a la merma de su salud y su fortuna, el Mariscal había encontrado cierta serenidad después de tantos años de guerra, amores furtivos y soledad. Mariana, por su parte, daría a luz a una niña, Teresa, La Esperada, el 10 de julio de 1829, nacimiento que llevaría algún sosiego al deterioro que ya se dejaba sentir en las relaciones entre La Sigilosa y El Guerrero.
Hacia los primeros meses de 1830, y ante la inminente desintegración de la Gran Colombia, fue convocado un Congreso Extraordinario en Bogotá al que El Guerrero asistió como representante ecuatoriano. El Congreso resultó un fracaso. En medio de esa desazón, el Mariscal tomó su caballo y emprendió el retorno a Quito, desoyendo los consejos que le dieran de viajar por barco hacia Guayaquil.
Y un viernes 4 de junio de 1830, en las inmediaciones de Berruecos, tras duras jornadas de camino, los disparos de cuatro tunantes interrumpían una vida de apenas 35 años, 20 de los cuales habían sido dedicados a las guerras por la independencia americana. Pero además le negaban el cumplimiento de sus últimos y más íntimos deseos: habitar la Casa Azul junto a Mariana, La Sigilosa, viendo crecer a Teresa, La Esperada, entre los helechos y las buganvillas de la tarde.


EL DIÁFANO SUCRE Y LOS OTROS…
Autor: Jacobo Libermann Z.

La transparente política y la índole moral de Antonio José de Sucre, artífice de la finalización del imperio peninsular en el Perú en la llanura de Ayacucho, no requiere profundas indagaciones históricas ni consultas en fuentes primarias de investigación. Todo lo que se conoce de él es suficiente. Su carrera militar, la lealtad en la conducta, la correspondencia que dejó como indeleble rastro, la capacidad para sobreponerse a los infortunios y los actos administrativos en la naciente república boliviana, a la cual le dio el impulso decisivo con el documento del 9 de febrero de 1825, hacen de este hijo de Cumaná, Venezuela, un privilegiado General de Bolívar comprometido con la autonomía de los países andinos en la América Meridional.
Esa claridad lo eleva, ennoblece y decide que sea calificado como un excepcional arquetipo militar y civil en un período de cambios revolucionarios en el Nuevo Mundo a comienzos del siglo XIX. Si, como es evidente, los conspicuos protagonistas de las campañas independentistas, desde Caracas a Buenos Aires, fueron motivados por la descolonización de sus patrias y luego proclamarían su derecho, apoyados en el poder armado, para heredar el gobierno de las flamantes repúblicas; Sucre, al contrario, experimentaba fastidio y desgano por el predominio político sobre los pueblos liberados. Es pertinente anotar una paradoja que despertará resistencia en admitirla: Sucre, aún con su demostrada destreza militar en dos estelares fechas de su trayectoria, el 24 de mayo de 1822 en Pichincha y el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, por los rasgos de su psicología se inclinaba notoriamente más por una organización de la sociedad civil que por una estructura de poder con hombres apuntalados por tercerolas y lanzas. Toda su gestión de gobernante tuvo esa notable característica democrática. El derecho y el libre albedrío y no la imposición autocrática.
Quien se empeñe en emprender un análisis del pensamiento y el alma de Sucre se encontrará frente al reto de separar al conductor de intrépidas batallas con el organizador del Estado. Si básicamente se lo califica entre los estrategas militares su ánima, en la antípoda, posee la inconfundible fisonomía de un hombre de paz y guerra; de armonía y no de conflicto.
Fue bizarro en los actos del vivir pacífico y circunstancialmente un valeroso cid en las confrontaciones en las que triunfó sobre los realistas del sistema colonial.
No caben titubeos: Sucre fue un militar por necesidad histórica y ciudadano civil por intrínseca vocación de sus principios. ¿Esta definición constituye un erróneo boceto de su personalidad? No lo es, a la luz de la imagen que trasciende de él, luego de estudiar sus huellas desde Cumaná hasta Berruecos. Sus méritos van más allá del campo castrense iluminando con igual o mayor intensidad los logros de estadista. La historiografía sólo ha demostrado una faz de su característica humana. Hay otra más trascendente cuando la guerra concluye.
Los galones y charreteras de su meteórica carrera militar le sirvieron a Sucre para dirigir la contienda libertadora de los mestizos y de las huestes indias enroladas, en muchos casos a viva fuerza, resignadas a la servidumbre tricentenaria de las encomiendas y los últimos estertores de una sumisión política y social. Con aquél material humano e ideológico elaboró la urdimbre de la emancipación contra la tenaz resistencia de los realistas atrapados por un engranaje de giro histórico.
Antonio José de Sucre, más proclive en resolver los dilemas socio-políticos e institucionales de los pueblos que a su destrucción física en el combate, después de vencer a los soldados del Rey en el Rincón de los Muertos –Ayacucho– tenía la instrucción de Bolívar de ingresar al Alto Perú para someter al general Pedro Antonio de Olañeta que seguía fiel al modelo absolutista de Fernando VII y soñaba con reemplazar al virrey José de La Serna, un liberal en desgracia. El testarudo y leal Olañeta seguía hipnotizado con la idea de conservar, por lo menos, a la ex-Audiencia de Charcas bajo la hegemonía española. Este comportamiento ilusorio ha sido interpretado por algunos como si el último realista en armas, distante de los peruanos y argentinos, fuera un meritorio precursor de la independencia de Bolivia y como tal indirectamente patriota, poco menos que al mismo nivel del guerrillero de Ayopaya José Miguel Lanza de admirable actuación.
Debemos juzgar que escribir los episodios de la historia constituye una tarea algo más compleja que atenernos exclusivamente a los documentos e investigación de papeles; también es importante escudriñar los recovecos del espíritu de sus principales actores. Dirán, con alarde historiográfico, que ese enfoque interpretativo pertenece al ámbito literario y nada al rigor de los estrictos hechos. Esta historia horizontal revela la superficie visible de los acontecimientos y deja sin respuesta la faz interior de sus personajes.
Pues, ahí va el mariscal Antonio José de Sucre trepando el altiplano de un inmenso país que a corto plazo se llamaría Bolivia en homenaje a Bolívar. Sucre contempla fascinado un territorio escasamente poblado, silente y de grandes cordilleras nevadas. Indios, vicuñas y llamas pasan a la vera del Ejército Unido que en escuadrones de caballería y tropa de línea bordea el lago Titicaca en dirección al río Desaguadero, limite natural entre los dos perúes. A partir de esa frontera fluvial le espera todo un pueblo que sólo aspiraba “a ser de sí mismo” sin tutelaje ni dependencia de Madrid, Lima o Buenos Aires. Poco antes del cruce del Desaguadero, Sucre se encuentra con el sobrino y ex secretario del general Pedro Antonio de Olañeta. ¿A qué viene D. Casimiro agotando su cabalgadura después de salir corriendo desde Chuquisaca? ¿Qué angustia le estrangula la garganta y lo sofoca? Convertido en patriota independentista, gracias al resultado de la batalla de Ayacucho, se empeña con toda el alma en no quedar al margen del nuevo orden que está por dar a luz en el Alto Perú. No puede ser excluido, sería su ruina política, de ese presentido nacimiento luego de haber servido a la monarquía absolutista de los borbones en el corazón de América.
Sucre se entrevista con el Dr. Casimiro Olañeta en la localidad de Acora y desde ese instante comienza una relación de comunes propósitos que hará grave crisis en el año 1828.
Mientras tanto, todo marcha en perfecta armonía y el mariscal de Ayacucho acepta y agradece la colaboración de Olañeta, quien demostrará con el tiempo los entresijos de su alma como lo hizo con su tío realista a quien traiciona sin el menor escrúpulo. Según ciertos pragmáticos estudiosos esto no importa; lo que vale es la meta de parir una República sobre las cenizas de la colonia. Cada cual en lo suyo: Sucre con todas sus luces y lealtades para las ambiciones del pueblo altoperuano y Olañeta con su conducta oblicua e interesada. Una reflexión necesaria: sin el Dr. Olañeta, no cabe la menor duda, Bolivia de todos modos hubiera logrado establecer su completa autonomía. Era una pieza de consejo pero no la clave sin la cual se corría el riesgo de abortar la emancipación.
Para D. Casimiro y su grupo la presencia de Sucre en Bolivia y la vigencia de la Constitución Vitalicia como instrumento de gobierno, entusiasmadamente aceptada con alabanzas por él en el Congreso Constituyente —“. . puede llamarse el mejor documento de la experiencia y de las luces, y el fruto de la más profunda meditación”— excitaba una clandestina oposición creando una atmósfera de malestar que por fin encontró aliados internos y otros del exterior, como el general Agustín Gamarra, de vigía en la frontera, presto a movilizar el ejército peruano para invadir la nueva república. Así sucedió en efecto.
El semanario El Cóndor de Bolivia en su número 125 del 24 de abril de 1828, —transcurridos seis días del intento de eliminar al mariscal de Ayacucho— publica una larga carta de un “Chuquisaqueño” en la que se informa de una reunión de corporaciones cívicas que analizan los episodios de la conspiración para derrocar al gobierno. En uso de la palabra el Dr. Olañeta no expresó el más mínimo repudio por el estallido revolucionario del 18 de abril y por el contrario, según la crónica de El Cóndor, “trató de manifestar en un largo discurso, que eran necesarias muchas reformas y sobre todo desobedecer al gobierno, apoyando siempre sus razones en la voluntad de los sublevados... “Más adelante el relato apunta: “Disolvióse la reunión sin convertir en nada que mereciese la pena, pero como estaban de acuerdo con Olañeta una docena de díscolos, alzaron el grito y dijeron que era preciso arrestar al Presidente [Sucre] y a los Ministros”.
El 27 de abril de 1828 Sucre —imposibilitado de escribir por su grave herida en el brazo derecho—, le dicta a su amanuense J. E. Andrade una carta al Libertador Bolívar refiriéndole algunos episodios de la insurrección en Chuquisaca y le comunica: “Se admirará Ud. de saber que el doctor Olañeta era el consejero y el director de los malvados”. Esta denuncia se encuentra registrada en el libro “Documentos Referentes a la creación de Bolivia” de Vicente Lecuna, Tomo II, página 537-539. Edición publicada por el gobierno de Venezuela, Caracas, 1975.
El historiógrafo R. P. Nicanor Aranzaes (1846-1927) en su libro “Las Revoluciones en Bolivia” —con base en estudiados fondos documentales— vincula la irrupción militar peruana con los infaustos acontecimientos en Chuquisaca y afirma: ”El presidente del Perú don José Lamar situó un ejército en la frontera boliviana al mando del general Gamarra, el que en convivencia con el coronel Pedro Blanco, Casimiro Olañeta y otros malos bolivianos, promovió el motín del 18 de abril para consumar su inmoral invasión”.
La disparidad que se advierte entre la personalidad de Sucre y el Dr. Olañeta sólo se puede explicar en los opuestos valores morales que ambos cultivaron en su vida pública. Claridad en la conducta en contraposición a la duplicidad caracterizaron, de comienzo a fin, su protagonismo histórico antes y después de la independencia de Bolivia. Sucre practicó la virtud de la lealtad desde Cumaná a Berruecos cuando los asesinos ponen fin a su existencia. El Dr. Olañeta fue un obsesionado de la intriga, el transfugio profesional y especializado en disimulo.
Ante esa compleja naturaleza, se confiaría en el Dr. Olañeta, su fuego en el verbo y el amor al sistema republicano y democrático, como poco antes demostró la misma vehemencia y pasión por el vasallaje colonial de la Audiencia de Charcas. La suerte inicial de la República de Bolivia estuvo en la voluntad de Antonio José de Sucre y su Ejército Unido y él no defraudó en ningún momento el recóndito anhelo de los altoperuanos que combatieron 15 años en las localidades insurgentes de Ayopaya, Tapacarí, Larecaja, Yungas, Inquisivi, etc., para arrancarle a la clase social del Dr. Olañeta el último baluarte de la Colonia en América.
Sucre fue más lejos —en pasajera divergencia con Bolívar— de las precisas instrucciones cuando se decidió suscribir, con toda premura, la primera carta autonómica de los bolivianos en el alba de su efectiva y real independencia. En aquel instante estelar el Mariscal de Ayacucho no contaba con otros ayudantes más diestros en derecho, legislación y dialéctica que el núcleo de letrados de Charcas al que pertenecía el Dr. Olañeta. Ellos aprovecharon a su favor, con el rotulo de novicios patriotas, la fractura histórica de una situación irreversible que conducía al nacimiento de la República.
Sucre, con la experiencia acumulada en el trato de los hombres, desde Venezuela hasta el Alto Perú, no sería tan ingenuo como para no advertir la calidad e historial de sus colaboradores en la magna empresa boliviana, equidistante en sus intereses de Lima y Buenos Aires. El desafío consistía en crear un Estado independiente con los interlocutores más destacados que se disponía en ese momento. Sucre, “in pectore”, sabía de sobra que una obra de esa dimensión se construye con diversos instrumentos y substancias de la naturaleza del ser humano.
Bolivia quiso ser y fue, y aquella aspiración colectiva encontró en Sucre al supremo arquitecto con la colaboración de una mano de obra que al concluir su trabajo conspiró para desalojar a su autor, humillarlo con la expulsión y posesionarse del dominio de la República en una ficción de cambio que reinstaló el sistema político colonial con otros personajes y otro nombre.


DESDE EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, EL HIMNO A SUCRE
Autor: Luis Ríos Quiroga

EL CENTENARIO DE SUCRE
(Letra de Jacobo Ramallo, música de Marcelino Hidalgo)

Al Gran Sucre la gloria de un mundo
recordemos con himnos de paz,
Él nos dio libertad con su sangre
y su nombre, su nombre inmortal.
…
De Ayacucho en el campo su espada
como rayo del cielo brilló,
Y a su luz se mostraron gloriosos
libres, libres los hijos del sol.
…
El altar de la patria es hermoso
cual la imagen del Gran Mariscal,
Vengador de los incas sublime,
que nos dio libertad, libertad.
…
Bendigamos el nombre querido
de Bolivia; su nombre y blasón;
Que venciendo al olvido y al tiempo
viva siempre en recuerdos de amor.
…
Entre las leyes y supremas disposiciones de 1894, está la relativa a un concurso literario en verso y prosa, con motivo de conmemorar el centenario de nacimiento de Antonio José de Sucre en febrero de 1895. Mariano Baptista Caserta, Presidente Constitucional de la República de Bolivia (1892-1896), cumpliendo la disposición suprema, emite el decreto correspondiente de 8 de diciembre de 1894, convocando a un certamen literario nacional con los temas siguientes:
VERSO: Ayacucho --- 1795-1825-1895 épocas históricas que encierran estas fechas --- Sucre, leyenda para el monumento que se erigirá y cuya medida será del soneto.
PROSA: Documentos inéditos sobre la historia del Gran Mariscal --- Perfiles y Paralelos del Héroe --- Estudios con relación a las instituciones fundadas por el Mariscal.
Otro decreto del 29 de enero del año 1895, prorroga el certamen hasta el 3 de febrero de 1896.
Las instituciones de la ciudad de Sucre, por su parte, el mismo año de 1894, convocan a un estudio histórico en prosa sobre el General Antonio José de Sucre y un canto heroico en verso con el tema “La Batalla de Ayacucho”. Se establecen tres premios: medalla de oro, medalla de plata y diploma de honor. Jacobo Ramallo, poeta, es posible que enviara su trabajo a este concurso en verso, porque su composición es un canto heroico que habla de la libertad del Alto Perú como consecuencia de la batalla de Ayacucho que recuerda a Sucre, el héroe, y eterniza su memoria.
“El Centenario de Sucre”, título verdadero de la composición de Jacobo Ramallo, tiene 4 estrofas y 16 versos. (Ver el poema en sus versos originales en esta misma página)
“El Centenario de Sucre” como oda heroica, no solamente tiene pensamientos enérgicos, atrevidos, llenos de nobleza, sino versos sonoros, cadenciosos y combinaciones estróficas que están ligadas al ritmo y melodía de la música, porque “El Centenario de Sucre” de Jacobo Ramallo fue oficialmente convertido en el conocido “Himno a Sucre” que en la actualidad cantan escuelas, colegios, institutos militares y pueblo boliviano en general.

ALGUNOS VERSOS CAMBIADOS
Motivos que desconocemos han cambiado algunos versos originales por otros que modifican el significado del poema. Así que en el primer verso de la primera estrofa, en la actualidad cantamos:
“Al Gran Sucre la gloria del mundo”
Los versos originales dicen:
“Al Gran Sucre la gloria de UN MUNDO”
Versos más lógicos porque se refieren al mundo liberado por la espada de Sucre. El tercer verso de la misma estrofa, cantamos con una conjunción inútil:
“Que nos dió libertad con su sangre”
Jacobo Ramallo escribe con el pronombre correspondiente:
“ÉL nos dio libertad con su sangre”
El segundo verso de la tercera estrofa cantamos:
“El altar de la patria es hermoso / con la imagen del Gran Mariscal”
El verso de Ramallo emplea una figura de comparación quizás teniendo en cuenta aquello que la patria “es pan pero no sólo pan”
“El altar de la patria es hermoso / CUAL la imagen del Gran Mariscal”
Finalmente, los versos de la cuarta estrofa están enteramente cambiados:
“Bendigamos su nombre querido / De Bolivia su noble blasón / que venciendo al olvido y al tiempo / viva siempre en recuerdos de amor”
Debiéramos cantar:
“Bendiqamos EL nombre querido / de Bolivia SU NOMBRE Y BLASÓN / que venciendo al olvido y al tiempo / viva siempre en recuerdos de amor”
Por otra parte, el Cancionero Patriótico Escolar de Bolivia (La Paz, sin pie de imprenta, p. 13) y con la advertencia: “versión corregida y aumentada”. El álbum “Canciones Escolares” para las escuelas de Bolivia (Establecimiento Gráfico de R. De Stéfano e Hijos y Cía., Bs.Aires, 1956, p. 8, con partituras) y El Cancionero Escolar (Producciones Aries, La Paz, 1991, p. 4), presentan versiones con los errores anotados anteriormente.

LOS AUTORES DEL HIMNO A SUCRE
Respecto de los autores: Marcelino Hidalgo, autor de la música, fue director de banda militar y profesor de música en el colegio nacional “Junín”. Jacobo Ramallo, autor de la letra, nació el 2 de octubre de 1852 y murió en 1907. Fue licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, profesor de literatura en el colegio Junín reabierto por el Mariscal Antonio José de Sucre, el 6 de agosto de 1826, con el nombre “Colegio Nacional de Junín”, en recuerdo glorioso de la batalla ganada por Bolívar. Jacobo Ramallo, de su copiosa producción en verso difundida en periódicos y revistas de la ciudad de Sucre, publicó el poemario titulado “Mis Versos” editado en Buenos Aires, con prólogo de Tomás O’Connor D’Arlach y en cuya página marcada con el número 122, está la composición “El Centenario de Sucre” o “Himno a Sucre”. Jacobo Ramallo, poeta afiliado a la corriente romántica, como tal, exaltó en verso los temas de la Patria, el Hogar, la Religión, con la incurable melancolía del siglo XIX.
Mereció el premio de “La Pluma de Oro, en un certamen para conmemorar el Centenario del Libertador Bolívar, el 24 de julio de 1853. Perteneció a numerosas sociedades literarias como La Floresta, La Colmena Literaria, El Centro de Lectura. Fue fundador y redactor de los principales periódicos sucrenses: La Floresta, La Colmena Literaria, El Álbum Literario, El Murciélago, El Deber, Bolivia Literaria y otros.
Carlos Morales y Ugarte, prestigiado literato, en sus recuerdos, dice que conoció a Jacobo Ramallo en una casa de la calle Abaroa, marcada con el número 219. Dando al zaguán estaban las habitaciones de Jacobo Ramallo. Nunca olvidaré que miraba medrosamente la estampa del poeta: alto, pálido, de faz demacrada, con la cara huesuda y unos cabellos blancos, largos, siempre desgreñados.
Algunos versos de Ramallo son cantados por la doliente alma popular. Quién no recuerda aquella de:
“Cuando los padres se van / los hijos con sus congojas, / se esparcen como las hojas / que arrebata el huracán”
Este inspirado bardo, fue el autor del Himno a Sucre, que como himno, es el segundo después del Himno Nacional de Bolivia. La presente nota informativa tiene el propósito de lograr que el Himno a Sucre sea entonado y ejecutado tal como nació originalmente.

Acerca de Sucre, el Mariscal y la ciudad – Parte 8

Autor: Varios.
Fuente: Suplemento del periódico La Razón, Bolivia, La Paz, marzo de 1995.

EL TRIBUTO INDÍGENA Y SUCRE.
MÁS INGRESOS O IGUALDAD SOCIAL.
Autor: Carmen Johnson.

La reorganización financiera de la nueva República de Bolivia fue una de las más arduas tareas de la presidencia de Sucre. Su tentativa de abolir el tributo indigenal “sustituyéndolo por un régimen de contribución directa “, era el elemento esencial de estas reformas planteadas con el fin de acabar con “...la más básica e injusta de las discriminaciones sociales y económicas que había caracterizado al régimen colonial altoperuano, el tributo“. Para esto se firmó un decreto en diciembre de 1825. Este intento fue un fracaso absoluto.
El tributo de indígenas, fue una de las fuentes de ingresos más importantes de las cajas reales en el periodo anterior a la Independencia. Entre 1820-1825, el 15% de los ingresos anuales de Chuquisaca, correspondían a los tributos. En esos mismos años, para Cochabamba la cifra fue de 26% y para La Paz de 33%. De los 21 ramos anotados en los libros de la caja de Potosí, sólo 8 eran efectivos y de éstos sólo el tributo indigenal producía un ingreso confiable cada año.
Este tributo se pagaba 2 veces al año, en junio y diciembre, por lo que eran conocidos comúnmente como el ”tercio de San Juan“ y el “tercio de Navidad”. Los recaudadores eran comisionados especiales y lo recaudado era depositado en las cajas reales en Potosí.
El decreto que oficialmente abolió el tributo indígena fue expedido por Bolívar en diciembre de 1825 con la intención de “...acabar con la contribución impuesta a los indios por el gobierno español con el nombre de tributo“. Sin embargo, hay claros indicios de que Sucre ya había considerado esta medida en mayo, cuando en una carta al prefecto de Santa Cruz, le pide que asegure a los indios de Chiquitos que el gobierno republicano les quitará de encima el peso del tributo y todas las demás obligaciones para que sean “hombres libres y ciudadanos”.
La contribución directa, se estableció con carácter experimental por sólo un año; ésta se basaba en que todos debían pagar en proporción a lo que tuvieran. Este sistema tenía 3 ramas principales:
Contribución personal de 3 pesos para todo hombre sin distinción de casta entre los 18 y 60 años. (Salvo militares en servicio, religiosos de claustro e inválidos).
Contribución sobre las propiedades en alquiler del 4% para las rústicas y del 3 % para las urbanas, o del 2% del valor si no estuviesen alquiladas.
Contribución sobre las rentas anuales que produzcan las ciencias, artes e industrias.
Las reacciones a la abolición del tributo indígena, y a la consecuente introducción de la contribución directa, fueron variadas. Los criollos no querían un sistema igualitario de contribución, no querían ser “tributarios”. Suprimir el sistema de tributo era algo inconcebible para las clases dominantes de esa época, atenuar la opresión de los indígenas no era tema de discusión para esas élites. Estos preferían que el tributo sostuviera al Estado y no un sistema de impuestos igualitario donde ellos tendrían que pagar por lo que tuvieran.
En el periódico “El Cóndor de Bolivia”, en fecha 2 de febrero de 1826, se puede leer lo siguiente: “Parece que algunas personas en esta ciudad han recibido no bien el derecho de la contribución directa, particularmente ciertas clases que todo murmuran. Algunos han dicho que es ponerlos tributarios como a los indios; y otros, que no habiendo ellos pagado esta contribución anteriormente, han empezado su condición de nuevo..., sin embargo preguntamos a los primeros: ¿Por qué se han de creer de una clase privilegiada al indio?. Bajo un gobierno libre, por qué han de pensar que el indio que es el más infeliz ha de pagar al Estado más derechos que las otras clases que son las que tienen goces, comodidades y ventajas...”
Es en estas circunstancias que el Ministro Infante censura públicamente a la élite boliviana por querer pasar toda la carga impositiva a los indígenas, mientras, al mismo tiempo, se proclamaban públicamente como devotos de la libertad y de la igualdad.
Los caciques también se opusieron tercamente, al ver sus intereses de clase amenazados. Durante la colonia, habían hecho el papel de intermediarios en la percepción del tributo entre su pueblo y la corona, obteniendo beneficios. Los caciques, al enterarse de que debían pagar de acuerdo a la cantidad de ganado que tenían, trataron de persuadir a los indios de sus comunidades que pidiesen la restauración del tributo. Es innegable la influencia de esta poderosa élite indígena decidida a no perder sus prerrogativas.
Otro serio problema con el que tropezó la reforma tributaria fue el administrativo. La tarea de levantar el catastro de lo poseído por los indios, fue dada a los Gobernadores de las provincias. Las autoridades debían recorrer el territorio y hacer el levantamiento respectivo. Pero estas, “...considerando aun a los indios como sus esclavos y dándoles el mismo tratamiento que los antiguos amos, exigieron de ellos que trajeran sus ganados y demás desde las estancias y campos a la casa del Gobernador para contarlos, porque los gobernadores no podían molestarse en ir a llenar su comisión fuera. Los indios de La Paz se molestaron y no quisieron presentarse ante los funcionarios, incluso se temió un conflicto, motivo por el cual, “El Cóndor de Bolivia “ en mayo de 1826, reclama de los Prefectos la vigilancia en el cumplimiento de los deberes de sus gobernadores para “proteger a los indios...”
La resistencia en el Congreso también fue notable. Los representantes de la élite boliviana defendían los privilegios que habían heredado del régimen colonial.
Fue un 2 de agosto de 1826, cuando Sucre se vio obligado a firmar una nueva ley, reconociendo implícitamente que la reforma impositiva había fracasado; la ley autorizaba el cobro del tributo indígena de acuerdo a las estipulaciones de la legislación colonial. Poco después, en una carta que Sucre envía Bolívar se lee “...los cholos no quieren igualarse a los indios y aún estos mismos tienen diferencias entre sí... “ (O’Leary, 1981).
En agosto de 1826, el tributo indígena se cobró como siempre. Ese año, el total recaudado fue el 40% de los ingresos totales, contra el 31 % recaudado en 1825. Sucre, obedeciendo a sus principios liberales, nunca dejó de pregonar que el tributo indígena era denigrante (Memoria del 10 de julio de 1825) y que, una de las maneras de ejercer la igualdad civil era, precisamente, equiparar las obligaciones impositivas en función del beneficio que reportaban los bienes, las artes, la industria y la ciencia; pues consideraba que el tributo indígena estaba diseñado para perpetuar distinciones de clase y privilegios de una minoría dominante.
La ley que la Asamblea de 1826 aprobó para reconfirmar el hecho de que el tributo era el único gravamen que los indígenas estaban obligados a pagar, representaba un retorno al status-quo y una derrota del principio de igualdad.

LA PRIMERA LEY DE IMPRENTA.
EL RUIDO ILUMINADOR DE LA PRENSA.
Autor: R.A.

Antonio José de Sucre era un hombre preocupado por activar el ruido iluminador de las imprentas. Como buen liberal sabía que uno de los pilares de la sociedad anhelada por seres humanos iguales ante las leyes, era la libertad de prensa. Por eso el Vencedor de Ayacucho le puso especial dedicación a “El Cóndor de Bolivia”, el primer periódico de la flamante República.
Sin embargo el impulso no quedó ahí. El Mariscal vio también la necesidad de acompañar el alumbramiento de la prensa boliviana con una Ley que normara la flamante actividad. Es así que un año y cuatro meses después de haberse fundado la República, el Congreso aprobó la llamada “Ley sobre la Libertad de Imprenta”.
INALTERABLE.
Pese a su antigüedad, la Ley de Sucre ya contiene un principio que se mantuvo vigente a lo largo de la escasa tradición legal en esta materia. Incluso en la Ley actual, aprobada casi un siglo después, se preserva la idea de que un delito de imprenta no equivale a un delito común, y que lo que se publica no tiene el rango de la calumnia lanzada mediante un grito de vecindario. Por eso, tanto en la primera como en la última Ley de Imprenta del país, se dispone la conformación de jurados especiales, conformados por personas confiables, quienes deciden si el acto demandado debe ser objeto de castigo o no por parte de las autoridades. En ambos casos los tribunales son frondosos. En tiempos de Sucre se contemplaba un número de 25, ahora son 40.
QUÉ ES DELITO.
En la Ley de Sucre son tres los delitos considerados de imprenta: impulsar la desobediencia a las leyes, combatir la moral pública y difamar la vida íntima de las personas.
El peor de todos puede detectarse de acuerdo a cuál de ellos tiene reservado el castigo más severo. Lo más grave es sin duda lo primero: socavar la fidelidad a las leyes. Aquel que instara a sus lectores al desacato de las normas legales, merece, según la Ley de Sucre, un destierro de seis meses fuera del territorio de la República. Los demás agravios se subsanan con dinero, multas que van desde de los 200 hasta los 1.000 pesos, de acuerdo al veneno de la ofensa publicada.
Hoy en día, los castigos sólo tienen un calibre económico, y se recurre a la cárcel únicamente en caso de que el transgresor de imprenta no pueda pagar la multa.
¿QUE SE LLAMA?
Tanto en 1826 como en 1925, la Ley de Imprenta fija como responsables del contenido de una publicación, en primera instancia, a los que firman un artículo. En el siglo pasado todo individuo debía visitar a la Policía antes de llegar a las puertas de la imprenta con su creación escrita en las manos. Allí, ante las fuerzas del orden, debía poner en claro en qué imprenta deseaba difundir su opinión, en qué día y qué título llevaría el artículo o ensayo. De esa manera, un futuro jurado de imprenta estaba en condiciones de saber quién era el responsable de una eventual infracción legal. Era la forma, prevaleciente hasta hoy, de conjurar el anonimato y obligar a los escribanos a responder por sus opiniones.

EL PRESIDENTE SUCRE Y LAS PRIMERAS MONEDAS BOLIVIANAS.
Autor: Fernando Baptista.

En 1825, los representantes nacionales, al igual que los convocados a otras asambleas constituyentes, procedieron, con carácter prioritario, a la selección de los símbolos, que de una forma gráfica representasen a la nación emergente. Reunidos en Chuquisaca, luego de convenir en constituir una nación unitaria, independiente de toda dominación extranjera, y popular-representativa que llevase el nombre de República Bolívar, pasaron a la selección de símbolos patrios y entre éstos la moneda. Con este propósito la Asamblea designó una comisión que fue integrada por Mariano Méndez y José Miguel Ballivián, representantes de La Paz y Cochabamba respectivamente.
En base al informe de los comisionados, la Asamblea General dispuso, mediante Decreto de fecha 17 de agosto de 1825, las características y símbolos de las nuevas monedas de oro y plata que debían acuñarse en la Casa de la Moneda de Potosí en nombre de la República Bolívar.
De acuerdo al referido Decreto, las monedas por acuñarse “serían del diámetro, peso y ley que hasta el presente”, vale decir que las monedas mantendrían iguales características a las dispuestas por los Reyes Católicos en su célebre Pragmática de Medina del Campo del 13 de junio de 1497, con denominaciones basadas en el sistema duodecimal español de ocho, cuatro, dos, uno y medio real. De igual manera, las monedas observarían el contenido fino de plata, entonces vigente, de 10 dineros y 20 granos equivalentes a 903 milésimos.
Como impronta, las monedas llevarían en el anverso el Cerro de Potosí y un sol nacido sobre su cima. A los costados del cerro, expresados en un número y letra mayúscula, el valor de las monedas en soles, en sustitución a la denominación de Reales. La leyenda colocada en el perímetro superior diría “REPÚBLICA BOLÍVAR”. En el anverso, dos alpacas sentadas, enfrentadas, con el cuello elevado y la vista fija en el árbol de la libertad, coronado por cinco estrellas. Cada estrella representaba a uno de los departamentos que conformaron inicialmente la República, a saber: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. La leyenda diría “CON UNIÓN, FIRMEZA, ORDEN Y LEY”.
Esta disposición legislativa nunca llegó a ejecutarse y por lo tanto no se acuñaron monedas del tipo descrito, ni siquiera la Casa de la Moneda procedió, como era habitual, a la elaboración de los cuños de ensayo correspondientes.
El Presidente Sucre prefirió que la Casa de la Moneda continuase acuñando monedas con la imagen de Fernando VII, en el anverso y el Blasón del Imperio español en el reverso, tal como venía sucediendo desde 1808. De tal suerte que, en los años 1825 y 1826 inclusive, la Casa de la Moneda acuñó únicamente monedas de plata, porque de oro no las hubo, con las características y los símbolos virreinales.
DOS RAZONES.
La determinación del Presidente Sucre de continuar con la acuñación de monedas virreinales, se debía a dos razones:
La primera, porque ninguna moneda como la potosina había tenido, durante tantos siglos, mayor predicamento y aceptación en el mercado internacional. Fue por antonomasia una divisa, una moneda fuerte de curso universal. De tal forma que una alteración de sus características o símbolos, en nombre de una república naciente, con más enemigos que amigos entre sus vecinos, podía haber suscitado el rechazo de la moneda entre los nacionales y extranjeros, embrollando todavía más sus relaciones internacionales.
La segunda está relacionada al cuestionamiento que los congresales venían formulando a los símbolos originalmente convenidos, por considerarlos muy parecidos a los contenidos en las monedas argentinas y peruanas en circulación; consecuentemente poco apropiados para identificar, de una manera indiscutida, a la República Bolívar.
El Presidente Sucre así lo entendió y en consecuencia dirigió una nota el 7 de noviembre de 1826 al Cnl. León Galindo, su compañero de armas en las gestas más heroicas, recientemente nombrado prefecto de Potosí, indicándole que los congresales insistían en que las monedas llevasen su imagen, a lo cual se había opuesto tenazmente. Sugiriendo, en cambio, que el anverso llevase la imagen del Libertador, en sustitución del Cerro de Potosí y para establecer que no se oponía “del todo” a recibir el honor que le habían querido dispensar, convino en que en el cordoncillo se ponga su apellido y Ayacucho 1824.
La Ley del 20 de noviembre de 1826 recoge las instrucciones del Presidente Sucre con relación a la moneda que debía acuñarse a partir del mes de enero del año siguiente. Las características serían las mismas que las dispuestas inicialmente, en tanto que en el anverso como impronta llevaría a la efigie del Libertador, y como leyenda “REPUBLICA BOLIVIANA”, y en reverso las alpacas y el Árbol de la Libertad coronando, con seis estrellas al haberse creado, días antes, el departamento de Oruro, con la leyenda “LIBRE POR LA CONSTITUCIÓN”.
Características y símbolos que la moneda nacional conservaría, con pequeñas variantes, hasta 1863.

SUCRE Y LA REFORMA DE LA IGLESIA: DE CELDAS DE CONVENTO A AULAS DE COLEGIO.
Autor: José Crespo Fernández.

EL DIAGNÓSTICO
La Iglesia católica de la Audiencia de Charcas había jugado un papel decisivo en la etapa colonial; la política, la economía y la cultura estaban controladas por el matrimonio entre el Gobierno colonial y la Iglesia.
El poder de la Iglesia era tal, que el valor de sus bienes equivalía casi a dos veces el presupuesto de egresos de 1827 de la república de Bolivia. Controlaban, en propiedad o estaban hipotecadas a monasterios, conventos, capellanías, cofradías y la jerarquía secular, cerca de 5/6 partes de las propiedades urbanas y rurales de la nueva república. Esta acumulación de riqueza fue posible, principalmente, por el cobro del “diezmo” (el 10% de impuesto en especie a toda la producción agrícola, exceptuando a los indios que pagaban tributo) y por el cobro de servicios religiosos.
Cuando Sucre ingresó al territorio del Alto Perú, la Iglesia estaba organizada en el arzobispado de La Plata y los obispados de La Paz y Santa Cruz de la Sierra. La cabeza de la arquidiócesis de La Plata era el Dr. Matías Terrazas, Deán y Gobernador del cabildo eclesiástico metropolitano.
Sucre percibió la importancia de la Iglesia, y en mayo de 1825, pidió informes al Deán de Chuquisaca y a los presidentes de los departamentos sobre el número de conventos, monjas, rentas, colegios, colegiales, cátedras, fincas, rentas de cada colegio y la institución que los sostiene. (Archivo de Sucre, Vol. VI). No es casual que en la misma circular, Sucre pidiera información sobre la Iglesia y la educación, más tarde veremos que los monasterios y conventos serán colegios y los diezmos sueldos de los maestros.
LAS REFORMAS
La necesidad de recursos que tenía el gobierno para atender la educación y otros servicios sociales, el pensamiento liberal de Sucre que sostenía que la Iglesia debía someterse al Gobierno y el respaldo de terratenientes, mineros y capitalistas para que se liberen las tierras y capitales del control de la Iglesia (Lofstrom), hicieron posible el conjunto de reformas que afectarían a la Iglesia en los primeros años republicanos.
Estas reformas se iniciaron con la eliminación del “fuero eclesiástico” desde el momento que ninguna de las leyes aprobadas por el gobierno republicano exceptuaba a los curas de su acatamiento ni de las sanciones ante su incumplimiento. El Patronato Real, que era el poder concedido por el Vaticano al gobierno español para nombrar a las autoridades eclesiásticas, pasó a ser un derecho nacional; así actuó Sucre cuando nombró a los nuevos obispos de La Paz y al de Santa Cruz. La Constitución de 1826 estableció el Patronato Nacional de la iglesia.
El 29 de marzo de 1826, un decreto firmado por Sucre disponía que de los 37 monasterios de las órdenes de franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos y diocesanos, solamente quedarían 12; no fueron incluidos los hospitales de San Juan de Dios y Belén y el oratorio de San Felipe Neri en Chuquisaca. El Decreto establecía que los curas de los monasterios suprimidos pasarían a los que quedaban. Todos los bienes de los monasterios suprimidos pasaron a disposición del Gobierno.
En el curso de 1826, el gobierno de Sucre confiscó varias propiedades urbanas de las distintas órdenes religiosas y les dio un uso distinto: En Chuquisaca, el claustro de San Francisco fue convertido en cuartel y en mercado; la iglesia de San Agustín fue convertida en escuela y teatro, mientras que el claustro fue cuartel y hotel; el claustro de los dominicos fue utilizado por la prefectura, la Corte Suprema, la Biblioteca Nacional y el Colegio Junín; el Templo de la Merced fue convertida en la parroquia de San Roque y su claustro fue vendido por la Prefectura.
En La Paz, el edificio de los agustinos fue destinado a la Municipalidad y el Monasterio dominico al Colegio Ayacucho. En Cochabamba y Potosí, claustros e iglesias fueron convertidos en colegios, oficinas públicas, teatros o cines.
El 14 de septiembre de 1826, Sucre emitió una Ley por la que todos los diezmos recolectados en la república desde el año 1827 serían depositados en el tesoro público; con esta reforma la Iglesia quedaba totalmente sujeta al gobierno, inclusive los sueldos de la jerarquía serían pagados por el gobierno.
Otras medidas complementarias a las anteriores fueron ejecutadas, como la secularización del clero regular, la confiscación del tesoro de la Iglesia, la supresión de las hermandades religiosas, la disminución del personal administrativo y la reducción de tarifas por servicios religiosos, son algunas de ellas.
William Lofstrom, en su libro El Mariscal Sucre en Bolivia (1983), del cual se ha obtenido información para este artículo, concluye que “El resentimiento fue uno de los resultados inmediatos de la reforma eclesiástica. Algunas de las medidas tuvieron un efecto permanente y de largo alcance, otras temporal y algunas resultaron ineficaces. El poder y la influencia del clero quedaron grandemente reducidas”.

LA CREACIÓN DE LA CORTE SUPREMA: JUSTICIA PARA TODOS
Autor: Edgar Montaño Pardo

Desde 1561 la ciudad de La Plata, hoy Sucre, fue la sede del máximo tribunal de justicia de la Real Audiencia de Charcas, la misma que estaba compuesta por un Presidente, 5 Oidores, un Regente, un Fiscal, un Teniente de Gran Canciller y otros Oficiales. Por su proximidad a Potosí y por numerosas circunstancias favorables, la nombrada capital fue una corte eclesiástica, forense, literaria y social de jerarquía, que en pleno auge colonial rivalizó con otras ciudades. La trascendencia continental de la instancia superior de justicia permitió a su vez, la formación de afamados centros académicos (la Academia Carolina y la Universidad de San Francisco Xavier) donde se graduaron varias generaciones de renombrados juristas y doctores, muchos de los cuales tuvieron un rol protagónico en la organización política republicana.
Una vez derrotado el general Pedro Antonio de Olañeta, en los meses previos a la realización de la Asamblea del 10 de julio, en pleno ejercicio de su presidencia provisoria, Sucre resolvió dar continuidad a la administración de justicia.
Convencido del beneficio de la justicia para la sociedad, el joven estadista promovió en Chuquisaca el funcionamiento de una Corte Superior de Distrito. Para el Mariscal, el ejercicio de la justicia era una virtud republicana, un pilar de la sociedad y un derecho fundamental del individuo.
De la dedicación que Sucre prodigó a este tema, surgió el primer decreto de 27 de abril de 1825, el cual determinó el funcionamiento de los tribunales de justicia con la misma competencia y jurisdicción que en el antiguo régimen virreina!, mientras se instituyese el nuevo régimen jurídico acorde a la nueva realidad política.
La tarea de organizar e instalar el tribunal fue encargada a Manuel María Urcullo, Mariano Serrano, Casimiro Olañeta, Leandro Uzín, Mariano Guzmán y Eusebio Gutierres. Algunas cartas posteriores al mes de mayo, demuestran un particular interés por el nombramiento de funcionarios idóneos para escribanos, alguaciles y porteros (Carta de Sucre a la Corte Superior de Chuquisaca de 30 de mayo de 1825).
Meses más tarde, durante la corta estancia de Simón Bolívar en Chuquisaca, el 15 de diciembre, se creó en La Paz una segunda Corte Superior de Justicia, con las mismas características, atribuciones y competencia que la de Chuquisaca. Este nuevo tribunal estaba constituido por cuatro jueces y un fiscal con jurisdicción sobre los departamentos de Cochabamba y La Paz, comprendiendo además las provincias de Oruro, Paría y Carangas.
La Constitución bolivariana, sancionada por el Congreso Constituyente el 6 de noviembre de 1826, dejó establecido que el Poder Judicial residía, al igual que hoy, en la Corte Suprema de Justicia y se constituía en un Poder del Estado, conjuntamente con el Ejecutivo, Electoral y Legislativo.
Señalaba, como en la actualidad prescriben varias constituciones (Estados Unidos, Argentina), el carácter vitalicio del nombramiento de sus Ministros, quienes sólo podían ser suspendidos por causas determinadas por ley expresa.
La primera Corte Suprema de Justicia fue instalada el 16 de julio de 1827, el Mariscal de Ayacucho recibió el juramento a los primeros Ministros: Manuel María Urcullo, su primer Presidente, Juan de la Cruz Monje y Ortega, Mariano Guzmán y Casimiro Olañeta.
De acuerdo a la reglamentación la Corte Suprema se componía de un presidente, seis vocales y un fiscal, divididos en las salas que fuesen convenientes. La presidencia tenía carácter rotativo; antecedente que ha sido actualizado en la Ley de Organización Judicial vigente, pues en el futuro los presidentes tendrán un mandato por dos años únicamente, y no por todo el tiempo de su designación, como sucedía hasta hace poco.
Para ser ministro de la Corte se requería tener un mínimo de 35 años, ser ciudadano en ejercicio, haber sido miembro de una corte de distrito o acreditar el ejercicio de la profesión por diez años. Las atribuciones de Corte Suprema de Justicia de 1826, no difieren sustancialmente de las actuales; con excepción de aquellas referidas al patronato nacional y bulas conexas con cuestiones religiosas y civiles. Por otra parte, tenía facultades para juzgar a los altos dignatarios de Estado, después de pasar por la instancia decisiva del Poder Legislativo, sistema que se mantiene vigente.
La llamada Constitución Vitalicia de 1826, también normaba el funcionamiento de las cortes distritales y los partidos judiciales. Estos últimos eran nombrados para administrar justicia en provincias y se les conocía como Jueces de Letras.
El periódico “El Cóndor de Bolivia” en su edición del 19 de julio de 1827, relievó la instalación de la primera Corte y publicó los discursos del Presidente y los Ministros posesionados. Con espíritu idealista el presidente Sucre, resaltando el carácter de independencia y garantía que significaba la justicia para todos, expresaba: “Bolivia que tanto se ha distinguido por su amor a la libertad, ve con transportes de alegría asegurados los derechos civiles de sus ciudadanos, en este tribunal respetable, que gozando una absoluta independencia del Gobierno, tiene en sus manos todas las garantías contra el influjo del poderoso, y los abusos de la autoridad, me congratulo con la nación del acto augusto que perfecciona sus instituciones”.
Coherente con sus principios liberales, Sucre cimentó las bases de la organización judicial republicana. Convencido de la proyección equitativa de la justicia, afirmó finalmente en su mensaje: “la vida, la fortuna, el honor de los bolivianos quedan depositados en vosotros que como apóstoles de la ley, que como sus magistrados, veréis que al recinto de este templo se acercan los Ministros de Estado hasta el último de los ciudadanos con la confianza de que la justicia tiene aquí sacerdotes incorruptibles, y que la distribuyen inspirados por la rectitud de Dios mismo: vuestra misión, es sagrada: su fiel desempeño os traerá la bendición de vuestra patria”.

Acerca de Sucre, el Mariscal y la ciudad – Parte 7

Autor: Varios.
Fuente: Suplemento del periódico La Razón, Bolivia, La Paz, marzo de 1995.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL MARISCAL.
SUCRE, GUERRERO Y LIBERAL.
Autora: María Luisa Kent.

José María Rey de Castro, secretario del mariscal Sucre, entre 1824 y 1828, y autor de Recuerdos del Tiempo Heroico ([1881]-1995), establece una analogía entre Sucre y Julio César, por la connotación política que tiene el cruce del río Desaguadero (3 de febrero de 1825). Julio César, militar y estadista, al superar el Rubicón, el año 48 en el siglo 1 antes de nuestra Era, deja de ser el delegado de Roma [Romae Legatus] en las Galias colonizadas, para avanzar sobre Roma, derrotar a Pompeyo y convertirse en César del Imperio Romano. En nuestra interpretación, el “Rubicón” de Sucre no sólo es el cruce de la frontera fluvial entre dos reglones o la ocupación militar de las provincias del Alto Perú, sino también la metamorfosis de guerrero a estadista.
Sucre llega a la reglón de la ex-Charcas, luego de su corto paso por la Intendencia de Quito (junio de 1822 y abril de 1823) y de su labor unificadora y militar en el Perú (abril de 1823 y febrero de 1825). Todas las responsabilidades asumidas, la administrativa, la diplomática y la guerrera, habían contribuido a afirmar las ideas republicanas del joven Mariscal, que, procedentes del tronco de la Ilustración, fueron el fundamento ideológico de su acción política en la etapa de organización del estado boliviano.
Sucre no recibió una esmerada educación, ni viajó a Europa a instruirse como muchos de sus contemporáneos, pero por sus raíces familiares y generacionales, creció y maduró, imbuido de los principios filosóficos del liberalismo, difundido entre las élites revolucionarias a las que perteneció. Las ideas de la Ilustración iluminaron su desarrollo intelectual y le fortalecieron con avanzados principios republicanos.
Para aproximarnos al pensamiento político del mariscal Sucre es indispensable, en primer lugar, establecer sus afinidades con el pensamiento de Simón Bolívar; y en segundo lugar, comprender los fundamentos del realismo político que caracteriza la etapa de post-guerra. Este último, se impuso entre los sectores dominantes de la sociedad, morigerando los preceptos de justicia e igualdad social que impregnaron los principios revolucionarios de la independencia. La etapa de organización republicana, en el Alto Perú como en otras realidades locales, significó un esfuerzo de transformación política en una realidad social enraizada en siglos de dominación colonial.
AFINIDAD ENTRE BOLÍVAR Y SUCRE.
De la vastedad del pensamiento bolivariano rescatamos algunos aspectos, a nuestro juicio, afines con la vocación republicana del mariscal Sucre:
El derecho de las naciones para que adquieran su independencia sobre el cimiento de la libertad, libres de “la desnaturalizada madrastra” (Salcedo Bastardo, 1973); fue el nervio articulador de la lucha independentista de Simón Bolívar, quien desarrolló sus acciones militares y políticas tratando de equilibrar al mismo tiempo, la autonomía y la unidad de las naciones. Para Sucre, fue el fundamento que impulsó su trayectoria militar y definió su pensamiento político.
Los principios de igualdad política y social de los ciudadanos, respeto a la propiedad, soberanía de la nación, derecho al trabajo, respeto a la opinión y a las creencias, libertad de prensa y repartición equitativa de los impuestos -libremente consentidos por los representantes de un país-, constituyeron el basamento teórico de las nuevas instituciones republicanas.
Identificado con aquellos valores, Sucre entendía que el progreso de una sociedad dependía del respeto a los derechos individuales, tal como estaba establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre (agosto, 4 de 1789), proclamada en las jornadas de la Revolución Francesa.
El sistema federal, rechazado inicialmente por Bolívar “por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros...” (Salcedo Bastardo, 1973), era para el mariscal Sucre un sistema inviable y una fuente de discordia interna. Con gran sentido práctico se inclinó por un sistema de gobierno representativo y unitario que controlase los recursos y arbitrase los derechos y las obligaciones civiles.
La visión continental de Bolívar expresada en la Carta de Jamaica (6-X-1815) -documento que, despojado del idealismo inicial de la Primera República colombiana (1812) o “Patria boba”, analiza las dificultades del presente y del porvenir americano y los errores cometidos hasta entonces por la inexperiencia política y la dispersión de recursos-, influyó positivamente en Sucre el momento de emprender los primeros pasos administrativos, los cuales desembocaron en un conjunto de propuestas inéditas en la región.
EL LIBERALISMO POLÍTICO.
Durante los “años revolucionarios” (entre 1797 y 1820), las élites intelectuales, influenciadas por ideas progresistas, habían imaginado soluciones políticas de acuerdo a particularismos locales. La revolución quiteña y los silogismos de los revolucionarios de Charcas en 1809, fueron más moderados con relación a las posturas radicales en favor de los indios y de la mano de obra indígena, llevadas adelante por Hidalgo y Morelos en el México de 1813.
En esta misma, línea, pero con un contenido económico, tanto en el norte como en el sur del continente, se produjeron reclamos por la tenencia de la tierra. Es el caso del venezolano Boyes que promovía la redistribución de la riqueza ganadera, y del uruguayo Artigas (1815) que además luchaba por defender la individualidad de la banda oriental. En otras regiones, la revolución había desembocado en acciones más concretas. Tal es el caso de la temprana independencia de Haití y su Constitución (entre 1801 y 1811); o la llamada “libertad de los vientres” en favor de los negros e indios sometidos a la esclavitud y al tributo, dictada por la Asamblea de las Provincias Unidas del Río de La Plata en 1813.
La Carta de Jamaica de 1815, escrita por Bolívar al iniciarse el corto periodo de reafirmación del absolutismo español (1815-1820), es un documento con una visión más pragmática de la doctrina americanista, que como se ha expresado, se impondría a raíz del fracaso de las primeras experiencias republicanas.
Al analizar la ideología de la revolución en El Pensamiento Político de la Emancipación, José Luis Romero afirma que durante la etapa de consolidación republicana (1820-1825), se inició el debate ideológico entre los nuevos actores políticos, por la búsqueda de formulas ilustradas que se adaptasen a la nueva realidad.
La consigna era luchar contra la anarquía y el desorden, buscar frenos institucionales para evitar el riesgo de formas democráticas tumultuosas y organizar instituciones republicanas que, a través de sus representantes, garantizasen la participación política de los ciudadanos. El nuevo proyecto político llamado república, exigía un freno a la revolución para “dar principio al orden” (1977).
DE GUERRERO A ESTADISTA.
Cuando el Libertador dejó Chuquisaca, el décimo día de enero de 1826, ofreciendo enviar “la Constitución más liberal del mundo” (Mensaje 29-XII-1825), el mariscal Sucre asumió la jefatura del gobierno, “mientras dure la ausencia del Libertador”. Desde ese día y hasta que abandona el territorio, el 2 de agosto de 1828, Sucre gobernaría la flamante República, primero, como Encargado del Mando Supremo, y desde el 28 de octubre de 1826, como primer Presidente Constitucional.
La etapa fructífera de su vida pública está comprendida entre los años 1825 y 1828. Durante la mayor parte de ese corto período, el mariscal Sucre logra mantener un equilibrio político entre su jefatura y la Asamblea. Ese aspecto determinaría un avance importante en la constitución de los Poderes, en la laicización del Estado y en la aprobación de numerosas propuestas sociales. La ruptura se produce en abril de 1828, cuando el caudillismo local empieza a ganar espacio y surgen protagonistas políticos con ambiciones de liderazgo.
Sucre emprende su tarea de administrador del Estado bajo el auspicio del consenso y de la amnistía política, sin embargo en el último tramo de esta etapa empiezan a evidenciarse algunos síntomas de las desventuras políticas y militares, que conmoverían la frágil estructura administrativa de la República. “El terreno sobre el que trabajamos es fango o arena” escribía Sucre, un día antes de negarse a aceptar la presidencia vitalicia de la República. Un año después, volvía a afirmar “Nuestros edificios políticos están construidos sobre arena, por más solidez que pongamos en las paredes, por más adornos que se les hagan no salvamos el mal de sus bases. Es la mayor desgracia conocerlo y no poderlo remediar” (O’Leary, 1981).
No obstante aquella percepción escéptica que invadió de manera colectiva el espíritu de los primeros organizadores de estados, Sucre emprendió la tarea de edificar instituciones republicanas sobre la contradictoria sociedad, semejante a “arenas movedizas”. En la joven Bolivia, los principios de igualdad y justicia social, sustentados por la revolución libertadora, empezaron a resultar contrarios a los objetivos políticos y económicos de la emergente clase dominante.
Persuadido de la eficacia de los instrumentos republicanos para guiar a los pueblos hacia el progreso, el Mariscal se impuso la tarea de edificar su proyecto político sobre pilares institucionales, secundado por civiles y militares, bolivianos y extranjeros, que compartían la misma vocación. Su convicción le llevó a plantar la semilla de un estado constitucional y laico, con administración de justicia independiente y ejército nacional con instrucción básica. Comprendió además la necesidad de controlar los recursos, las rentas públicas y las aduanas, así como de buscar una conexión portuaria propia, libre de trabas arancelarias. Se empeñó en la educación, como instrumento de redención popular, y todo eso, bajo la mira de una opinión pública que empezaba a germinar.
En el doloroso tránsito de Charcas a Bolivia, el liderazgo político de Sucre eclipsó a la “generación de 1825”, al mismo tiempo que permitió una estabilidad poco usual en una etapa de transformaciones. El aparente fracaso político de Sucre, dejó muy arraigado el germen del Segundo Proyecto liberal (1899-1930), el cual maduró cuando las condiciones económicas del país así lo permitieron. Las instituciones actuales: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejército Nacional, la Policía y la Opinión Pública, instituidas en sus orígenes por el Mariscal de Ayacucho, y depuradas entre la inestabilidad y la práctica democrática, continúan siendo ejes del sistema político presente.

POR TÍTULO OTORGADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA.
SUCRE INGENIERO.
Autor: Julio Sanjinés Goitia.

En América Hispana la educación universitaria giraba fundamentalmente en tomo a una idea nuclear: la de Dios. Por eso, todo sistema que era impulsado y dirigido por los clérigos asentados en este continente, giró alrededor de las facultades de Teología, abarcando posteriormente el derecho y la jurisprudencia y más tarde la filosofía y la medicina.
La enseñanza de las matemáticas y en general de las ciencias exactas en cambio fue promovida por ingenieros militares españoles graduados en la Real y Militar Academia de Barcelona establecida en el año 1710. Esta singular escuela fue creada en España para preparar a militares en las ramas de las ciencias exactas, matemáticas, topografía y fortificación, capaces de definir los límites geográficos del gran imperio español, pero sobre todo para consolidar mediante construcción de fortalezas, sus vastas pertenencias coloniales, que eran permanentemente asediadas por corsarios ingleses y por la propia corona británica.
EN VENEZUELA.
Estos ingenieros militares fueron los precursores de la educación técnica y de las matemáticas de la América Hispana. Es así que uno de ellos, el Coronel Ingeniero Juan Pirés, fundó en Cumaná una escuela para la enseñanza fundamentalmente de matemáticas y topografía.
Antonio José de Sucre, niño aún, demostró interés por el estudio de matemáticas y por lo tanto, asistió a esta escuela dando comienzo con ello a una capacitación básica en matemáticas, a sus 13 años ingresó a otra Escuela Militar de Ingeniería.
En esta ciudad, el ingeniero militar español Coronel José Mirés había establecido una Escuela Militar de Ingenieros de mayor amplitud y en la que se enseñaba Aritmética, Algebra, Geometría, Topografía, Construcciones Civiles, Dibujo Lineal, Fortificaciones, etc.
El futuro Mariscal permaneció en esta escuela hasta su graduación en 1810, año en el que fue incorporado por la Primera República como Subteniente en el Cuerpo de Ingenieros.
En 1813, actuó como ingeniero a órdenes de Mariño participando en la captura de Cumaná. A partir de esa fecha, por su comportamiento militar y trabajos Sucre ascendió rápidamente, primero a Capitán y luego a Mayor a sus 17 años. En ese grado organizó un Batallón de Zapadores con el que contribuyó a la caída de Barcelona.
A partir de 1815, trabajó como ingeniero en las obras de fortificación de las defensas de Cartagena. Existen referencias de que al ser designado Francisco Miranda jefe supremo del ejército por el Congreso Nacional, éste nombró a Sucre como Jefe de Estado Mayor. Las mismas fuentes señalan que al cumplir los 19 años, por su destacada actuación en el ejército de Mariño bajo las directas órdenes de Francisco Bermúdez, fue ascendido a Coronel, habiendo obtenido el año 1819 el despacho de General a los 24 años.
Muchas fueron las realizaciones del Mariscal Sucre como ingeniero, pero lamentablemente, su trayectoria posterior como insigne militar, eclipsó sus actividades técnicas y son pocos los historiadores que hacen especial referencia a ellas.
EN BOLIVIA.
En lo que respecta a Bolivia, aspectos dignos de mención son los referentes a que el mariscal Sucre, debido a su formación técnica al consolidar la organización del incipiente ejército, tuvo especial interés en propiciar la educación de las ciencias exactas, crear un núcleo de tropas técnicas y establecer una comandancia de Ingenieros.
Estos propósitos están reflejados en la Ley Reglamentaria del 1ro de enero de 1827, en la cual establecía las clases, sueldos, uniformes y la propia organización del Ejército Boliviano.
No obstante que durante toda la Guerra de la Independencia, los ejércitos patriotas no habían tenido tropas de ingenieros, excepto aquellos Zapadores organizados por el propio Sucre, en esta ley se consideraron a los oficiales y tropas con el denominativo de ingeniero, determinando haberes, rango y uniformes. Estableció un sueldo para los componentes del Arma de Ingeniería, superior a las de las otras armas.
Puso en ejecución el Decreto de Bolívar para el establecimiento del primer Colegio Militar, cuyos planes de estudio fueron revisados por el propio Sucre enfatizando la orientación hacia las matemáticas.
Asimismo, estableció la Comandancia de Ingenieros, nombrando al General Francisco Burdett O’Connor, como primer Comandante de Ingenieros del Ejército de Bolivia. Adoptó esta determinación en virtud a que de todos los oficiales que integraban la plana mayor del Ejército de Bolívar, O’Connor era el oficial más capacitado técnicamente, con conocimientos que había adquirido en la Escuela Militar Irlandesa, donde inició su carrera militar, con la que complementó en el Ejército Francés, antes de incorporarse a los ejércitos libertadores.
INFORME SOBRE EL LITORAL MARÍTIMO.
Al llegar a Chuquisaca, O’Connor presentó a Sucre un informe detallado sobre el Litoral Marítimo de Bolivia, trabajo que le había sido encomendado por el Libertador Bolívar para efectuar un reconocimiento pormenorizado de la costa boliviana, para determinar la ubicación más óptima del futuro puerto boliviano. Este informe impresionó a Sucre, quien de inmediato lo nombró Comandante de Ingeniería con la misión de efectuar una planificación urbana de la ciudad de Chuquisaca, iniciar la construcción de escuelas y establecer una organización para fijar los limites geográficos de la nueva república.
El general O’Connor no sólo cumplió con eficiencia las misiones encomendadas, sino que donó toda la recompensa monetaria que la República de Bolivia le había reconocido por la lucha libertaria, para la compra de material topográfico y de ingeniería para iniciar la Comandancia de Ingeniería del Ejército.
Estimo que por ello, Bolivia y en especial sus Fuerzas Armadas deben rendir a Sucre, adicionalmente a los que normalmente le reconocen, un homenaje especial como precursor de su tecnificación y como el primer ingeniero boliviano.

LA MINERÍA DE LA PLATA EN EL GOBIERNO DE SUCRE.
DEL OCASO COLONIAL A LAS FRUSTRACIONES REPUBLICANAS.
Autor: Manuel E. Contreras C.

EL OCASO COLONIAL.
La minería argentífera estaba en crisis a fines del siglo XVIII. Después de llegar a su punto más alto de producción en 1790, comenzó un período de estancamiento y descenso en la medida que escaseaba la mano de obra —con el decaimiento del sistema de reclutamiento forzado a través de la mita— y a medida que la provisión de mercurio de Europa —insumo clave para recuperar la plata metálica del mineral— se hacía cada vez más irregular. Asimismo, la falta de manutención del sistema de lagunas que proveía energía hidráulica para la molienda del mineral en los ingenios, también afectó negativamente a la producción.
Esta situación fue agravada con el comienzo de las guerras de la independencia en la primera década del siglo XIX. Los conflictos armados dificultaron aún más a provisión de mano de obra a través de la mita, y desestructuraron los circuitos de provisión de mercurio de Europa y de Huancavelica en Perú. El conflicto también afectó el sistema de provisión de crédito a través de los anticipos que el Banco de San Carlos proveía a los azogueros (dueños de los ingenios de beneficio). Adicionalmente, la violencia y la destrucción provocadas por los conflictos mismos, fueron motivo del abandono de muchas minas que luego se inundaron. Por lo tanto, la menor producción del primer tercio del siglo XIX se registró en 1815. La disminución en la actividad de los ingenios en el Cerro Rico de Potosí corrobora esto plenamente. Según observadores de la época, en 1819 sólo habían 14 cabezas de ingenio en funcionamiento (un décimo de lo que sucedía en 1809); en 1822 continuaban trabajando 14; en 1825, l2 y en 1836, sólo 15 (Tandeter, 1992).
LAS FRUSTRACIONES REPUBLICANAS.
Al inicio de la República por lo tanto, la minería boliviana sufría de la destrucción física de sus instalaciones de beneficio y provisión de agua, de inundaciones, de la desarticulación de sus mecanismos de financiamiento, y de una deficiente provisión de mano de obra y de mercurio.
Ante esta situación, el programa del gobierno de Sucre fue formulado con anterioridad a la creación misma de Bolivia. Efectivamente, en su “Memoria a la Asamblea de Encargados de los Departamentos del Alto Perú”, leída el 10 julio de 1825, Sucre planteaba la necesidad de reactivar la minería a través de la creación de una Dirección de Minería y una Escuela de Mineralogía. Una vez en el gobierno, no fue fácil ejecutar lo propuesto.
El gobierno refaccionó las lagunas que aprovisionaban agua a los ingenios y también realizó esfuerzos por mejorar la provisión de mano de obra y de mercurio. Respecto a la mano de obra, el enfoque fue el de reglamentar una legislación laboral que establecía derechos y obligaciones tanto para los empresarios como para los mineros, que se plasmó en la promulgación del Código de Trabajo Minero en septiembre de 1826. Sin embargo, esta medida no resolvió el problema de escasez de mineros. Las causas de este déficit tenían diversas explicaciones, desde la escasa población de Bolivia y las condiciones malsanas de trabajo, hasta —según observadores externos— la holgazanería de la población que había abandonado el trabajo minero por muchos años debido a la crisis del sector.
Para mejorar la provisión de mercurio, el gobierno alentó la exploración de fuentes bolivianas de provisión de este metal. Aunque se descubrieron depósitos en Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, ninguno resultó ser comercialmente viable. Los azogueros proponían que el gobierno importara el azogue o mercurio directamente, pero Sucre era renuente a ello. En vez, el gobierno redujo los impuestos de importación sobre el mercurio y otros insumos mineros como la madera. Esta medida, como la legislación laboral, fue de escaso impacto, tanto en el suministro como en el precio, y los azogueros no paraban de destacar que era obligación del gobierno asegurar la provisión de azogue, como lo había hecho la corona española (Lofstrom, 1983).
Pero además de dificultades en la provisión de dos insumos claves, mano de obra y mercurio, la minería republicana sufría de un problema estructural, también heredado de la colonia. Nos referimos a un significativo rezago tecnológico y empresarial. En realidad no hubo un resurgimiento del sector, hasta que ambos aspectos fueron resueltos en la década de los 1870. Efectivamente, el súbdito británico Joseph Barclay Pentland que visitó Bolivia en 1826 observaba que: “De las muchas causas que han contribuido a la decadencia de [la minería], ninguna ha tenido mayor influencia que la manera poco juiciosa en la cual trabajaron las tres vetas principales después de su descubrimiento y las dificultades encontradas al limpiar los viejos trabajos en períodos subsecuentes, por la ignorancia de parte de los que las emprendieron”. (Pentland, [1826]- 1975).
Sobre este último aspecto, el experto minero alemán Hermann Barón de Czettriz y Neuhaus también era crítico de la comunidad minera que según él “creen saber todo muy bien, no quieren aprender y son flojos que no quieren salir del pasado de sus abuelos” (Citado en Tandeter, 1978). Probablemente este bajo nivel técnico-empresarial y la reticencia al cambio expliquen por qué fue tan difícil establecer y mantener las escuelas de minería propuestas por Sucre en 1825.
En virtud a lo anterior, y a la necesidad de capitales, tecnología y desarrollo empresarial, el énfasis del programa minero de Sucre descansaba sobre la posibilidad de atraer capital extranjero. El capital extranjero, además, era necesario para limpiar, desaguar y rehabilitar los socavones, tareas para las cuales era necesaria la importación de maquinaria moderna (Mitre, 1991). En parte debido a la crisis del mercado financiero de Londres en 1825, fue imposible, también, lograr este objetivo. Sólo se llegó a conformar una compañía minera, la “Potosí, La Paz, and Peruvian Mining Corporation,” que no tuvo éxito, en parte por los problemas de escasez de mano de obra y azogue anotados arriba. Sin embargo, cabe especular que, si no hubiera caído la bolsa en Londres, el monopolio gubernamental sobre la compra de minerales a precios menores que el mercado (heredado de la colonia), hubiera sido lo suficientemente atractivo para contar con un mayor número de inversionistas.
LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA.
Las dificultades encontradas en la evolución de la minería de la plata a principios de la República demuestran la persistencia de problemas que ésta arrastraba desde fines del siglo XVIII. Muchas eran estructurales y no podrían ser resueltas en el corto plazo. Si bien hubo un ligero repunte en la producción entre 1825 y 1830, la independencia no fue la panacea para la minería y los esfuerzos del gobierno de Sucre tampoco fueron suficientes para remontar una situación tan adversa.
Sin duda el mayor problema era la escasez de capitales para revitalizar la industria y recién poner solución a los aspectos de provisión de mano de obra y de mercurio. Sin embargo, también había que superar “la falta de conocimiento entre aquellos comprometidos en operaciones mineras y los altos derechos exigidos por el Gobierno sobre el producto de las minas” (Pentland). Esto no se logró hasta que cambió la política fiscal en la década de 1870, estimulando nuevas inversiones que, a su vez, mejoraron los métodos de explotación y de beneficio, y demostraron que sin modernización tecnológica, la minería boliviana no podría resurgir.

LA REFORMA TRIBUTARIA DE LOS LIBERTADORES.
UNA PROPUESTA Y UN FRACASO.
Autor: Gustavo A. Prado Robles.

Muchos líderes criollos que lucharon por la independencia de Hispanoamérica tenían ideas liberales. Estaban convencidos de que el progreso económico y social de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América se debía, en buena medida, al carácter liberal de sus instituciones. Consideraban, por tanto, que era imperioso abolir el sistema corporativo y de castas, que había frenado el desarrollo económico y social en el periodo colonial, y dotar a las nuevas repúblicas hispanoamericanas de instituciones que establecieran con firmeza la igualdad de los individuos ante la ley, y alentaran la iniciativa privada.
Al producirse la emancipación política, la élite hispanoamericana se apresuró a poner en práctica un vasto programa de reformas administrativas, jurídicas, sociales, económicas, fiscales, eclesiásticas, y educativas. Los primeros ensayos reformistas se concretaron en la primera mitad de la década de 1820 en el Río de la Plata, Nueva Granada y Venezuela, y los últimos tuvieron lugar en México y Guatemala en el inicio de la década de 1830.
Sin embargo, el entusiasmo reformista de estos primeros años se disipó luego, casi en todas partes, y varias reformas importantes no llegaron a implantarse. La agudización de la crisis económica, la inestabilidad política, y la resistencia tenaz de los grupos sociales conservadores entrabaron el proceso de cambio institucional en las flamantes repúblicas. Desde entonces, hasta mediados de siglo, las posturas ideológicas conservadoras prevalecieron en Hispanoamérica.
Bolivia no estuvo al margen de estas tendencias globales. Las reformas liberales en el país fueron iniciadas por Simón Bolívar en 1825, aún antes de que la independencia se consolidara. Cupo al presidente Antonio José de Sucre (1826-1828) completar e intentar poner en práctica el paquete de reformas en el país. Los resultados no fueron alentadores, principalmente en lo concerniente a las reformas socioeconómicas. El tema ha sido tratado con detalle por William Lee Lofstrom, en El Mariscal Sucre en Bolivia (1983). La información básica que sirve de soporte al presente escrito proviene de la obra de Lofstrom.
LA ECONOMÍA REPUBLICANA.
Al erigirse como república, Bolivia tenía aproximadamente un millón de habitantes, 80% de los cuales eran indígenas. Poco menos de 90% de la población vivía en el campo, dedicada a actividades agrícolas, pastoriles y artesanales, mayormente de subsistencia. Los mercados urbanos eran estrechos, y habían sufrido un largo proceso de contracción debido a la declinación secular del sector minero.
Los problemas económicos del Alto Perú se habían acentuado en el periodo de la guerra. La producción de plata había bajado a niveles sin precedentes (156.110 marcos anuales en la década de 1820-1829), y lo mismo había ocurrido con la producción agrícola (la recaudación del diezmo en el Alto Perú había caído sostenidamente en la década de 1820).
El rápido despoblamiento de las ciudades fue otro rasgo característico del periodo de la guerra. La población de Potosí, que contaba con 75.000 habitantes en 1788, no llegaba a los 10.000 en 1825. Por su parte, la población de Oruro, el otro centro minero importante del país, había bajado de 15.000 habitantes en 1809 a 4.600 en 1826, y algo parecido había ocurrido en las demás ciudades del Alto Perú.
Por último, los ingresos fiscales, que provenían en gran medida del tributo indígena, también habían disminuido con rapidez en el último quinquenio de la guerra (lo recaudado en 1825 sólo alcanzaba a un 75% del monto correspondiente a 1820), mientras que los gastos de la novel república se incrementaban y sus cuentas por pagar se acumulaban sin cesar. Las cajas de La Paz (40%) y Potosí (27%) eran las que más aportaban al tesoro nacional en esos años.
LA REFORMA TRIBUTARIA.
Bolívar y Sucre estaban al tanto de los problemas económicos y financieros del país. Ellos sabían que, en esas condiciones, la puesta en marcha de una reforma tributaria no sería empresa fácil, y que, en todo caso, ésta no se traduciría en un incremento inmediato de los ingresos públicos. No obstante, en el ánimo de los libertadores primó el deseo de corregir cuanto antes el sesgo anti-indígena del sistema tributario colonial.
El decreto que eliminó el tributo indígena e instituyó la contribución directa en Bolivia fue firmado por Bolívar el 22 de diciembre de 1825. De acuerdo a la nueva disposición, a partir del primero de enero de 1826, todo hombre mayor de edad, comprendido entre los 18 y 60 años, sin distinción de casta, pagaría una “contribución personal” de 3 pesos por año. Sólo los militares en servicio activo, los religiosos de claustro, y los inválidos estaban exentos de este pago.
El decreto también establecía la “contribución de propiedad”. Los propietarios de fundos rústicos pagarían un impuesto equivalente al 4% del alquiler que percibían, o el 3% sobre el valor de la propiedad, si ésta no estuviese alquilada. Los dueños de inmuebles urbanos tendrían que pagar el 3% del alquiler que cobraban, o el 2% del valor estimado del alquiler que cobrarían si el inmueble estuviese alquilado.
Finalmente, el decreto instituía un impuesto a la renta personal. A los jueces, militares pasivos, y otros empleados gubernamentales se les descontaría entre el 1 y el 5% de sus sueldos anuales. Los profesionales liberales (abogados, médicos, escribanos y farmacéuticos) pagarían el 3% de un ingreso promedio que se estimaba en 500 pesos anuales. Los artesanos y jornaleros pagarían el 2% de sus ingresos, los comerciantes de mercancías ultramarinas el 6%, y los tenderos, abarroteros y pulperos el 3%.
Las instrucciones detalladas para la confección de padrones, tasación de propiedades, cálculo de ingresos y recaudación de impuestos fueron expedidas por Sucre el 29 de enero de 1826, y los trabajos de empadronamiento y valuación se iniciaron en marzo.
EL FRACASO DE LA REFORMA.
La élite altoperuana opuso firme resistencia a la reforma tributaria, puesto que no estaba dispuesta a renunciar a los privilegios de casta que había disfrutado en el antiguo régimen. Además, los criollos consideraban que el impuesto directo era denigrante para ellos, ya que los igualaba socialmente a los indígenas. El descontento indígena que se produjo en la misma época no se debía tanto al establecimiento de la contribución directa, sino más bien a la reforma agraria liberal que pretendía eliminar la propiedad comunera de la tierra, adjudicar parcelas individuales a los indígenas, y vender las tierras sobrantes a particulares.
Además de la fuerte resistencia civil a la reforma, el empadronamiento y las valuaciones se vieron obstaculizados por problemas técnicos y administrativos. Mientras tanto, el desconcierto cundió entre los contribuyentes, y la recaudación tributaria siguió bajando. A mediados de 1826, el presidente Sucre se vio forzado a autorizar el cobro del tributo indígena correspondiente al tercio de San Juan y, en diciembre del mismo año, el Congreso acordó restablecer el tributo indígena para evitar el inminente desastre fiscal. En 1826 y 1827, los ingresos fiscales (incluyendo el tributo indígena) no llegaron a los 1.600.000 pesos por año, monto que representaba menos del 70% del total recaudado en el inicio de la década de 1820. La participación del tributo indígena en el conjunto de los ingresos fiscales alcanzó proporciones considerables en esos años (40% en 1826, y 39% en 1827).
LAS CONSECUENCIAS.
El fracaso de la reforma tributaria privó a la naciente República de contar con una base tributaria más amplia y equitativa con relación a la que había heredado de la colonia, con el agravante de que ahora tenía que hacer frente a un presupuesto mayor de gastos. Asimismo, el largo periodo de estancamiento económico que experimentó el país después de la guerra restringió fuertemente el crecimiento de la recaudación tributaria. Hasta mediados de la década de 1860, los ingresos fiscales se mantuvieron en torno de 2.080.000 pesos, y los déficits fiscales se hicieron frecuentes.
En las cinco décadas siguientes, la contribución indígena (34,7%) continuó siendo la principal fuente de ingresos fiscales, y también la más estable. Los impuestos aduaneros (17,5%), y los gravámenes a la minería (17,1%) también fueron fuentes importantes de ingreso en ese periodo.
EL SEGUNDO MOVIMIENTO REFORMISTA.
Hacia mediados de siglo, las doctrinas liberales cobraron renovado vigor en Hispanoamérica, y un influyente grupo de políticos e intelectuales bolivianos se adhirió a ellas con entusiasmo. En el inicio de los años sesenta se discutieron varias propuestas de modernización para el país. Los debates más intensos se produjeron en torno a la adopción del sistema métrico decimal, el saneamiento monetario, la abolición del monopsonio estatal sobre las pastas de plata, la reforma tributaria, y la abolición de la propiedad comunera de la tierra.
Las posturas liberales se fueron imponiendo gradualmente, y culminaron con la dictación de la ley de exvinculación de tierras, de 5 de octubre de 1874. Esta ley abolió la comunidad indígena y eliminó el tributo, instituyendo en su lugar un impuesto general a la propiedad de la tierra. La ley de exvinculación comenzó a ponerse en práctica después de la guerra del Pacifico, pero no tuvo los efectos previstos por los ideólogos liberales. En vez de convertir a los indígenas comuneros en campesinos libres, propietarios de la tierra que trabajaban, esta reforma facilitó la expansión del latifundio, y la concomitante conversión de los comuneros en colonos de hacienda.