Bolivia: elecciones judiciales 2011, los candidatos

Puedo estar equivocado…
Hasta donde yo sepa, la elección general de candidatos o postulantes para componer las máximas instancias del poder judicial boliviano, denominado ahora Órgano Judicial Plurinacional, es la primera experiencia en su género a nivel mundial, lo que de por sí causa expectativa y no pocas objeciones, recelos y cuestionamientos.
Y no es para menos.
En los sistemas democráticos, desde Grecia, las elecciones son una forma de acceder al poder político; pero las funciones judiciales, mucho más las de alto nivel o última instancia, casi siempre han sido objeto de nominación o selección, usualmente por un cuerpo colegiado generalmente de carácter legislativo, que es la instancia más cercana y originaria a la voluntad ciudadana. Es decir que los legisladores, como primeros depositarios de la confianza y voluntad de sus votantes, están delegados también para designar jueces, en el supuesto de que estos legisladores cuentan con el conocimiento, sana visión o mejor criterio para valorar antecedentes profesionales, probidad y otros atributos deseables para quienes administrarán justicia.
Aunque esto es lo generalmente deseable, también es bueno reconocer que el cabildeo y, cuándo no, los juegos de intereses o presión de grupos de poder siempre han sido, son y serán un factor de distorsión para esta dinámica, y aunque países con larga tradición democrática y “meritocracia” hayan logrado grandes avances cualitativos al respecto, el riesgo siempre existe.
Ahora Bolivia abre un nuevo camino que, en verdad, no se sabe adónde conducirá.
Por apartarse de esta tradición, y más allá de adhesiones u objeciones que se pueden expresar y defender, esta experiencia boliviana marcará un aprendizaje social no sólo en lo inmediato sino también en perspectiva, porque su novedad, claramente anecdótica hasta ahora, radica no sólo en la elección misma sino en el desempeño posterior que tendrá en adelante este poder del Estado.
El actual gobierno dice que arrebatar el privilegio de designar jueces y magistrados a un grupo de políticos que, incluso pasando por sobre sus diferencias ideológicas terminaban repartiéndose cuotas o porciones del poder judicial, es devolver a los ciudadanos una porción mal utilizada de su soberanía, lo cual parece tener sentido dentro de una sociedad cuya cultura democrática aun está en construcción, luego de un largo período de colonialismo y posterior vida republicana bastante salpicada de turbulencias políticas, despotismo y tiranías para todo gusto.
Sin embargo, quienes se oponen y cuestionan esta modalidad afirman que es un intento del actual gobierno por ampliar su espacio de poder, capturando a favor de sus líderes y adeptos los puestos judiciales clave para dominar aun más la vida pública, y para cubrirse en caso de que, ahora o en el futuro cercano, deba afrontar juicios y responsabilidades por mala gestión pública, daños al Estado o incluso delitos emergentes del abuso de poder.
¿A quién dar la razón?
Unos dicen que por primera vez en la historia el mismo pueblo, y no sus representantes, elegirá a sus jueces, y los otros responden que ya nada queda por elegir, puesto que en la fase previa de calificación de postulantes, realizada en el poder legislativo, de la que derivó una “lista indicativa”, ya se han seleccionado a los postulantes afines al partido gubernamental, y que sin importar quién resulte ganador, será un oficialista destinado, predestinado o conminado a reproducir el poder para su mayor hegemonía.
Al respecto, no puedo evitar recordar lo que leí en alguna parte en sentido de que Henry Ford se ufanaba de dar a los potenciales compradores de su modelo T la libertad de elegir el color que quieran, a sabiendas de que el único disponible era negro.
Sólo el tiempo, que es el juez definitivo en estas cosas, lo dirá, y para eso falta mucho todavía, lo que los críticos de la historia denominan “perspectiva”.
De todos modos, el proceso avanza y, de no haber obstáculos insalvables, culminará el 16 de octubre con los resultados que por ahora son un enigma.
Pero algo es muy cierto. Los bolivianos saben más de la polémica que de los candidatos. Una de las “reglas del juego” es que ningún postulante puede promoverse o hacer campaña de proselitismo, porque no se trata de una elección política. Añadiendo a esto que por lo menos nueve de cada diez bolivianos no entendidos en leyes y sus temas asociados, el hecho de que los postulantes, en lugar de candidatear, es decir, mostrarse ante sus potenciales electores, deben poco menos que esconderse, la incertidumbre es el denominador común de este ambiente. Otro motivo más para calificar este proceso de sui generis.
Muy poco ayuda la acción informativa que el poder electoral boliviano emprende en estos últimos días para remediar este vacío de información. Eso, y el llamado por el voto nulo o la abstención que promueven los opositores, que cada vez los hay más, incluso dentro del mismo partido de gobierno, hace difícil una decisión y voto ciudadano informado, mucho menos consistente y comprometido.
Quienes esperan entusiastas el día de la elección de jueces y magistrados nacionales, y quienes no están de acuerdo con este experimento, necesitan conocer, al menos, quiénes compiten, y por ello, para colaborar y orientar la opinión pública nacional, ofrezco el enlace hacia la lista y datos principales de los postulantes para el nuevo Poder Judicial de Bolivia. Este enlace es: http://www.oep.org.bo/oep/candidatos.aspx
Por adelantado, quien gane estará sujeto al riguroso escrutinio de quienes lo apoyaron, y de quienes no; porque el origen de su investidura fueron las urnas y no la compulsa y cabildeo en manos de los políticos en rol de legisladores. Será para bien? Será para mal? Sólo queda esperar a que el futuro nos lo responda.
Ukamau la cosa…