Acerca de Sucre, el Mariscal y la ciudad – Parte 5

Autor: Varios.
Fuente: Suplemento del periódico La Razón, Bolivia, La Paz, marzo de 1995.

UN GENERAL IRLANDÉS Y LA INCORPORACIÓN DE TARIJA
Autor: Eduardo Trigo O’Connor D’Arlach

La consolidación de la incorporación de Tarija a la República de Bolivia, constituyó uno de los actos más sobresalientes de la administración del Mariscal Antonio José de Sucre quien, contraviniendo la decisión del Libertador Simón Bolívar, aprobó la medida que dio lugar al más grande incremento del territorio nacional, que se llevó a cabo en forma incruenta, tan sólo al clamor popular que concluyó en el tácito reconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos.
Desde que se fundó la villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa en 1574, el territorio que posteriormente le fue asignado dependió de la Intendencia de Potosí, formando parte del virreynato de Lima, pero mediante Cédula Real de 17 de febrero de 1807, el monarca español dispuso la creación del Obispado de Salta, agregando a su jurisdicción el territorio de Tarija.
La medida de segregación dispuesta por la Corona fue rechazada por el vecindario de la pequeña villa pero las reclamaciones no fueron escuchadas y al poco tiempo se inició el movimiento emancipador quedando Tarija bajo la jurisdicción de Salta en lo religioso y administrativo; sin que se hubiese dado una solución legal al planteamiento popular. Este fue uno de los factores por los cuales los guerrilleros chapacos actuaron en la lucha por la independencia tanto en el Río de la Plata como en el Alto Perú.
Después del triunfo del Mariscal Sucre en la batalla de Ayacucho que dio fin a la lucha por la emancipación americana, el Congreso del Río de la Plata, mediante Ley de 9 de mayo de 1825, decidió dejar en libertad a las Provincias del Alto Perú para que eligieran el modo y forma con que quisieran gobernarse. Los tarijeños interpretaron que la medida legislativa les alcanzaba, pero la posición del gobierno de Buenos Aires fue que Tarija era Provincia Argentina y que lo dispuesto tan sólo estaba referido a Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz.
En mayo de 1825, a un petitorio del vecindario elevado al Mariscal Sucre impetrando se nombre un nuevo gobernador, éste puso en el documento un proveído que decía: “El coronel Francisco Burdett O’Connor se impondrá de la presente solicitud, se dirigirá a Tarija y si halla mérito en ella, en uso de las facultades que se le tienen conferidas, mudará al gobernador nombrando otro en su lugar”. O’Connor que había sido Jefe de Estado Mayor del Ejército Unido Libertador en la Batalla de Ayacucho, salió de Tupiza al mando de la Legión Peruana y ocupó Tarija el 30 de septiembre de 1825. En la Legión figuraban Salaverry y Torrico que fueron más tarde Presidentes del Perú. Después de reunirse con el Cabildo, nombró gobernador a don Bernardo Trigo en reemplazo del gobernador argentino Don Felipe Echazú, cuyo nombre figura también entre los ilustres próceres de Tarija.
Mientras tanto, una Legación argentina encabezada por el General Carlos María de Alvear e integrada por José Miguel Díaz Vélez y Domingo de Oro se encontraba en Potosí y había sido destacada con la finalidad de congratular a Simón Bolívar por la batalla de Junín, hacerle conocer oficialmente la Ley de 9 de mayo de 1825 y pedirle la entrega de Tarija, planteamiento que fue aceptado por el Padre de la Patria. En consecuencia, a través de Sucre ordenó a O’Connor que desocupara inmediatamente la plaza de Tarija, por haber sido cedida a la Confederación Argentina. El Mariscal, al mismo tiempo, se dirigió al oficial de origen irlandés que se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor, manifestándole que “el Libertador ha tenido a bien conferir a usía una comisión de mucha importancia, la cual, verificada con buen suceso, le granjearía no sólo la honra, sino la gratitud de todos los pueblos del Alto Perú” (O’Connor, 1895). En cumplimiento de esta orden O’Connor, salió con destino a Atacama y fundó el puerto La Mar. Los argentinos encomendaron el mando de Tarija al Teniente Díaz Vélez, sobrino del miembro de la Legación y el territorio en cuestión quedó bajo la jurisdicción del General Arenales, Gobernador de Salta; posteriormente, fue nombrado gobernador Mariano Gordaliza.
Pero antes de que el Libertador accediera al pedido de Buenos Aires, los argentinos a través de Arenales habían ejercido violencia para que Tarija envíe diputados a ese país, lo que se evidencia por la carta que el Mariscal Sucre dirigió desde La Paz al General O’Connor, cuyo texto es el siguiente: “Ejército Libertador, Cuartel General en La Paz, a 19 de septiembre de 1825. Al señor Coronel Francisco B. O’Connor, Sr. Coronel: S.E. el Libertador ha sido instruido por la carta que V.S. me acompaña de Tarija de la violencia que ha usado el Sr. General Arenales para obligar a esa Provincia a mandar Diputados a la Sala de representantes de Salta, sin esperar la decisión que estaba pendiente sobre los asuntos de Tarija. Tal conducta parece un poco atropellada comparada con la moderación que nosotros observamos cuando esa Provincia clamaba, rogaba y suplicaba porque se le admitieran Diputados en la Asamblea de Chuquisaca; sobre lo cual nada se deliberó, por seguir siempre la circunspección que guía nuestros principios. El Libertador desea tener originales de los documentos en que consten las órdenes que ha dado el Sr. General Arenales sobre la elección de tales Diputados; y V.S. los hará recoger tanto del Gobernador como del Cabildo y me los remitirá.
El Sr. Presidente de Potosí me escribe que han llegado allí dos de esos Diputados... los cuales, en lugar de ir a Salta, se han venido a Potosí, a esperar allí al Libertador para protestarle la violencia que ha usado con ellos el Sr. General Arenales. Como mañana marchamos para Potosí, sabremos a punto fijo lo que haya sobre el particular. Dios guarde a V.S. A. J. de Sucre” (Archivo Privado / E. Trigo).
Pese a la determinación del Libertador Simón Bolívar y que, aparentemente, el primer conflicto diplomático de las nuevas repúblicas americanas había sido resuelto, el espíritu bolivianista de los tarijeños no se doblegó y el pueblo se levantó el 26 de agosto de 1826, desterró al gobernador argentino Gordaliza, restituyó a Trigo y nombró Diputados al Congreso de Chuquisaca.
Sucre recurrió nuevamente a su viejo compañero de lucha Francisco Burdett O’Connor y le dijo: “He ahí una novedad muy desagradable para mí, por ser en directa oposición a lo dispuesto por el Libertador; además que estos pronunciamientos no suenan bien en países recientemente libertados. A fin de que semejantes desórdenes no se extiendan a las provincias limítrofes de Chichas y Cinti, importa que usted Coronel, que ha recorrido y reconocido todas esas fronteras, se marche inmediatamente a situarse en algún punto dominante que elija, para poder vigilar sobre la tranquilidad pública. En cuanto a fuerzas, no hay más caballería que la de mi escolta, un escuadrón que ha levantado el Coronel Molina y que manda un recomendado Raña. De infantería llévese usted doscientos hombres del batallón Bogotá, que se los entregará Galindo a su paso por Potosí” (O’Connor, 1895).
O’Connor fue el ejecutor de la decisión de Sucre de consolidar, en forma definitiva, la incorporación de Tarija a la “Hija Predilecta del Libertador”, lo que motivó un sentimiento generalizado de gratitud hacia el vencedor de Ayacucho, el que tuvo una significativa exteriorización a través del mensaje que dirigieron las autoridades al Congreso Constituyente, el 16 de noviembre de 1826, que dice:
“El Soberano Congreso ha dado una prueba nada equívoca de que constantemente busca la tranquilidad y felicidad de los pueblos que representa, eligiendo en el plausible día 28 de octubre de S.E. al Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre por Presidente Constitucional de la República. Con esta grata y acertada sanción, ha consolidado el orden interior de ella; y sus émulos o enemigos no osarán jamás atentarla, antes bien, deprimiendo sus anárquicas sugestiones, aprenderán a respetar el derecho de la Nación terrible y muy majestuosa por hallarse presidida por su guerrero Libertador que la sostiene y protegerá de cualquier invasión exterior o interior. Los tarijeños nos hemos mutuamente felicitado y eternizaremos el gran día del 28 de octubre, porque ciertamente en él se ha cimentado la conservación y gloria del pueblo boliviano; su digno Presidente nos enseñará a ser libres; así no abusaremos de nuestra libertad; viviremos unidos y la posteridad levantará excelsas pirámides que recuerden el heroísmo y benéfica influencia del invencible Gran Mariscal de Ayacucho. En todo este departamento se ha verificado la elección del Excmo. Sr. Presidente y mandado su reconocimiento; lo que se comunica en contestación a la nota de 28 de octubre último. Dios guarde a V.S. (Fdo.) Bernardo Trigo, José Hevia y Vaca, Secretario interino”. (cit. en Bernardo Trigo, 1991).
La determinación del Gran Mariscal de Ayacucho en torno a la denominada “Cuestión de Tarija” perduró en el tiempo y consolidó la nacionalidad, no obstante las insistentes reclamaciones diplomáticas del gobierno de Buenos Aires. Cabe recordar que fue uno de los motivos que adujo Juan Manuel de Rosas para declarar en 1837, la guerra a la Confederación, conflicto que concluyó con las victorias bolivianas de Iruya y Montenegro, bajo la conducción del Mariscal Otto Felipe Braun.

ENTRE LAS PROVINCIAS UNIDAS Y EL ALTO PERÚ.
ÁLVAREZ DE ARENALES, GUERRILLERO Y GENERAL.
Autor: Macarena Izurieta y Sea.

Arenales era oriundo de Santoña, provincia de Santander, España. Nació en el año 1770. Llegó a América por el puerto de Buenos Aires y fue cadete del ejército español. En 1809, siendo coronel, abrazó la causa de la independencia después de participar en el levantamiento de Chuquisaca.
En 1812 secundó al general Belgrano en su campaña al Alto Perú. Arenales permaneció en el territorio altoperuano y formó parte del grupo de los seis jefes guerrilleros más destacados de los primeros tiempos. Se estableció entre Mizque y Vallegrande. ”Amenazaba y frecuentemente cortaba los caminos que conectaban Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.” Para 1816 se convirtieron (él y los cinco jefes restantes) en una gran molestia para los realistas pero desafortunadamente esto no duraría mucho; el mismo año el ejército español logró vencer los puntos de resistencia y Arenales debió huir a la Argentina. De las seis republiquetas independentistas que luchaban en el Alto Perú solo una, Ayopaya, superó el impacto español de 1816.
LA MISIÓN DIPLOMÁTICA.
“La anarquía del 20”, con ese nombre se conoció al año de 1820 en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una sucesión de 7 gobernadores y la irrupción en la escena política del caudillismo marcaron el inicio de una época de guerras y guerrillas. Comenzaba la gran lucha civil entre federales y unitarios.
Por medio de la Ley Fundamental, dada en Buenos Aires en diciembre de 1824, el Congreso Nacional se declaraba Constituyente y nombraba al general Las Heras como gobernador de la provincia porteña y, como tal, encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas. Es dicho General quien encarga al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales, gobernador de la provincia de Salta, la misión diplomática ante el Mariscal Sucre, relacionada con el destino de las Provincias Altoperuanas.
El gobierno de las Provincias Unidas tenía un objetivo claro: que el Alto Perú fuese totalmente independiente, es decir que no perteneciera ni al Perú ni a las Provincias del Sur. Sus razones eran varias: por un lado, el Imperio de Brasil ejercitaba una fuerte tensión política, dado que había ocupado el territorio de la Banda Oriental que sería recuperado e incorporado a las Provincias Unidas por el General Lavalleja en 1825. Entonces, cuando el Congreso aceptó tal incorporación, la guerra con el Brasil resultó inevitable.
Por otro lado, los continuos conflictos internos que debía enfrentar la incipiente Nación, fruto de la inestabilidad política provocada por la aguda diferencia entre federales y unitarios acerca de la radicatoria del poder, es decir, si el poder político y económico se asentaría en Buenos Aires o en alguna otra ciudad del interior. Esto hacía imposible disponer de ejército para enviar a Arenales. Por estas dos razones, la solución más conveniente era la Independencia de las Provincias Altoperuanas.
Manuel García, punto de apoyo del gobernador porteño, le escribía al gobernador de Salta el 6 de febrero de 1825 “... las cuatro provincias mencionadas queden en absoluta libertad para el arreglo de sus intereses y gobierno (...). Que la base de todo convenio debe ser la disolución del ejercito español y la libertad completa de las provincias para disponer como mejor les conviene a su suerte.” Y el propio General Las Heras ratificaba el 8 de febrero “...por la presente autorizo al Señor Coronel Mayor Don Juan Antonio Álvarez de Arenales (...) para que ajuste las conversaciones que crea necesarias con el jefe o con los jefes que mandan las fuerzas españolas que ocupan las dichas cuatro provincias hasta el Desaguadero, (..) sobre la base de que éstas han de quedar en la más completa libertad para que acuerden lo que más convenga a sus intereses y gobierno...” Las Heras no tenía un conocimiento cabal acerca de las posiciones del ejército libertador y es por eso que le manda a Arenales que “ajuste las conversaciones con los jefes que mandan las fuerzas españolas”. El Mariscal en persona se encargará de notificar al gobierno de Buenos Aires de la victoria de Ayacucho.
LA SEPARACIÓN DEL ALTO PERÚ.
La visión sobre el tema del Coronel encargado de tal misión era completamente diferente a la óptica que tenía su gobierno. Arenales concebía al antiguo Virreinato como una unidad política, de modo que el país debía conformarse por todas las provincias integrantes de la anterior división, evitando el desmembramiento de cualesquiera de los integrantes. Pero más le preocupaba que la futura Bolivia estuviera bajo el dominio del Perú; por esto que escribió acerca de su conducta a seguir “...atajar la separación del Alto Perú; cuando menos, para impedir que este país se agregue al Perú, hacer que se haga independiente.”
Es en este escenario que, en abril de 1825, Álvarez de Arenales se puso en marcha para ayudar a las fuerzas del Mariscal Sucre. En el camino le notificaron de la victoria definitiva (Ayacucho): “En el punto de Mojo recibí antes de ayer la honorable nota de V.S.I, datada en La Paz a 20 de febrero del presente año, comunicándome las rectas y laudables miras con que el ejército de su mando entró en las Provincias del alto Perú...” El Coronel argentino decidió, entonces, seguir con una escolta hasta la ciudad de Potosí para mantener una entrevista con el Mariscal de Ayacucho y al resto de su ejército le ordenó regresar a Salta.
El 18 de abril entró en la ciudad y fue recibido “gentilmente por el Gran Mariscal” y las entrevistas tuvieron lugar después de los festejos de recibimiento. La decisión sobre la suerte de nuestro actual territorio ya estaba tomada con la convocatoria a la Asamblea de las Provincias del Alto Perú para “...que arreglando un gobierno totalmente provisorio, evite las fracciones, los partidos y la anarquía y conserve el territorio en el mejor orden.” El Coronel Arenales corroboró tal decreto dejando de lado su postura personal y cumpliendo así la misión encargada.
Poco tiempo después de cumplir su misión diplomática en 1825, por razones políticas tuvo que exilarse en Bolivia, hasta el día de su muerte, acaecida en la localidad de Mavaya, en e laño 1831.

MEMORIA PARA RECORDAR.
Autora: María Luisa Kent Solares.

En medio de la algarabía de la población, que sobresaltada durante años habla aguardado aquel momento con una mezcla de incertidumbre y de esperanza, los orondos y adustos 39 representantes de los 27 partidos convocados a la Asamblea, se dirigieron de la Catedral al Salón de Actos de la Universidad de San Francisco Xavier, aquel 10 de julio de 1825.
Los asambleístas llegaron a la cita con certezas establecidas. Un esbozo de lo que sería el temperamento nacional señaló en las conciencias el camino hacia la autodeterminación. “Ni Lima ni Buenos Aires” gravitaban sobre sus espíritus. Las provincias querían correr en libertad hacia su propia utopía republicana.
La Asamblea, bajo la presidencia de José Mariano Serrano, dio inicio a su primera sesión con la lectura del mensaje del Mariscal, quien se había marchado a Cochabamba el día 2 de julio para dejar en libertad a los representantes de las provincias.
Con “la franqueza de un soldado”, después de justificar los factores determinantes para realizar la convocatoria, el Mariscal señala que, formado en la causa de la revolución y la guerra, no entiende de negocios políticos. Declara que sus principios pertenecen a los legisladores de Colombia, “al Libertador Bolívar que ha sido mi antorcha y del ejército unido que es el protector de la buena causa” (Memoria, Archivo de Sucre, Vol. Vl: 402).
“La generación de 1825” reunida en aquel recinto escucha el informe de Sucre. Un conjunto de valores éticos y principios políticos se desgranan de su lectura. Valores que perduran en el transcurrir del tiempo porque corresponden a un ideario liberal, en el que deben coexistir la libertad y la justicia sobre la base del equilibrio de poderes.
Con mucha frecuencia estos principios fundamentales resumidos a continuación, han sido olvidados o transgredidos en la turbulenta historia boliviana:
El orden es el sostén de la República, la anarquía su principal enemiga. Para construir la libertad de los hombres, es preciso crear instituciones que respondan a la realidad de las sociedades.
El sistema representativo es el mejor aliado de la República. La Asamblea debe ser la encargada de organizar el cuerpo de leyes. Los legisladores deben obrar en consecuencia con los intereses de la Patria, pues son responsables de las generaciones futuras.
La justicia es un pilar de la República. Sin justicia no hay sociedad. El Poder Judicial debe tener Ministros probos y ser guardián de la libertad y de la propiedad de los ciudadanos.
El ejército es el brazo militar del ordenamiento civil y el guardián de las instituciones republicanas. Las leyes de la milicia no son apropiadas para gobernar los países. Un gobierno militar puede conducir a la anarquía.
Los representantes contestaron el pensamiento de Sucre en un tono diferente. La oratoria desdibujó el contenido de las respuestas. El romanticismo y la erudición asomaron por los resquicios del lenguaje. La Asamblea había empezado sus deliberaciones bajo el signo de un nuevo ordenamiento político y la misma estructura social.

LA PRESIDENCIA DE SIMÓN BOLÍVAR.
CUATRO MESES DEL LIBERTADOR.
Autora: Carolina Loureiro de Herbas.

Simón Bolívar fue el primer presidente de la República de Bolivia, aún no constitucional, y su gobierno duró apenas cuatro meses.
El 6 de agosto de 1825, la Asamblea convocada por Sucre reunida en Chuquisaca, declaró la independencia del Alto Perú y denominó a la nueva nación “República Bolívar”. El 11 de agosto, los diputados designaron al Libertador Presidente de la nación, y decidieron pedir a éste la redacción de la Constitución.
Sin embargo, Simón Bolívar aún permanecía en Lima. Recién el 18 de agosto, acompañado de los generales Sucre y Lanza hizo su entrada triunfal a La Paz, donde fue recibido con gran entusiasmo. El 5 de octubre llegó a la Villa Imperial de Potosí y, por fin, el 4 de noviembre arribó a Chuquisaca. En todas las ciudades, el Libertador fue recibido con gran regocijo e importantes homenajes.
Desde el 6 de febrero de 1825, fecha en la que Sucre cruzó el Desaguadero para entrar en las provincias del Alto Perú, el tiempo no transcurrió en vano. Rey de Castro, Secretario de Sucre, expresa: “Enseguida dio impulso a los poderosos resortes de progreso y prosperidad, la educación pública y la administración de justicia. Para proveer a aquella, ordenó la institución de escuelas primarias y colegios de instrucción en todos los departamentos” ([1883], 1995). El Mariscal emitió los primeros decretos que apuntaban a la organización de la República y recabó información confiable sobre la cual basar sus planes y programas. Muchas fueron las circulares que envió a los presidentes de las provincias solicitando estadísticas de ingresos y gastos, como así también información acerca de conventos, colegios, rentas, minería, agricultura e industria.
Toda esta información fue presentada al Libertador y constituyó la base sobre la que Bolívar trabajó durante su corto gobierno. En una carta dirigida al General Bolívar, el 11 de julio de 1825, Sucre afirmaba que “...yo estoy recogiendo documentos para que U. entre desde el Desaguadero dando decretos de establecimientos de beneficencia que asegurarán más el amor de estos pueblos a U.”
Una vez en Chuquisaca, Bolívar trabajó en la organización de la Nueva República. “…deseoso de aprovechar el poco tiempo que había de permanecer en Bolivia, comenzó... a funcionar su secretaría general: ésta se entendía directamente con el Gobierno nacional regido por el General Sucre” (Rey de Castro). Era necesario establecer su forma de gobierno, ordenar sus finanzas, sentar las bases de la reforma educativa, reglamentar la explotación de las minas, y aplicar nuevas políticas en favor de las masas indígenas. Allí comenzó a redactar la Constitución Política que un año más tarde entregaría al Congreso.
SUCRE, BOLÍVAR Y LOS DECRETOS.
En el tiempo que permaneció en Bolivia, el Libertador emitió más de cincuenta decretos, resoluciones y órdenes sobre diferentes temas que habían sido analizados por Sucre. (Rey de Castro)
La nueva República encontró a la industria minera sumida en una profunda crisis debido a la falta de capitales y mano de obra. En busca de recursos y de soluciones a esta problemática, el 29 de agosto de 1825 Bolívar resolvió aplicar al Alto Perú el decreto expedido en Pucará, por el cual se revirtieron al Estado las minas derrumbadas, inundadas o abandonadas. Por decreto del 10 de octubre se redujo a medio real el impuesto que el marco de plata pagaba al tesoro de Potosí, con el objeto de crear fondos para el establecimiento de un colegio de minería.
En relación a la educación, el decreto del 11 de diciembre de 1825, determinó la creación de escuelas primarias en las capitales departamentales, como así también una escuela militar y un colegio de ciencias en Chuquisaca.
En favor de las masas indígenas, fueron varios los decretos emitidos por el Libertador que defendieron sus derechos civiles. Por resolución del 29 de agosto, se pusieron en vigencia para Bolivia, los decretos emitidos en el Perú que ratificaban los títulos de propiedad de las tierras de comunidad. Ese mismo día, Bolívar suscribió un decreto por el que se prohibía a las autoridades y propietarios en general, el empleo de los indígenas contra su voluntad en faenas, mitas, pongueajes, y otros servicios domésticos. El tributo indígena fue abolido formalmente el 22 de diciembre. En relación a este tema Bolívar declaraba que el tributo afectaba a la clase más miserable de la sociedad, y que en consecuencia, debía ser reemplazado por un sistema en el cual todos los ciudadanos contribuyesen al sustento del gobierno en proporción directa al valor de su propiedad, sus oficios y profesiones.
Algunos de estos decretos y resoluciones, sin embargo, no tuvieron efecto positivo para la nueva República, muy pronto fueron desestimados por la nueva clase dominante.
Por otro lado, las ideas liberales de Simón Bolívar no alcanzaron para defender los derechos políticos de los indígenas. Así, en el Proyecto de Constitución que envió al Congreso en 1826, y que fue aprobado con pequeñas variaciones el 6 de noviembre del mismo año, se marginaba a las masas indígenas de la vida política nacional, al negar el derecho al sufragio a quienes eran analfabetos y no disponían de recursos económicos. De esta manera se permitía la continuidad de una élite que usufructuaba el poder manteniendo los privilegios logrados en el período colonial.
El 29 de diciembre Bolívar nombró su sucesor al Mariscal Sucre confiriéndole su “poder discrecional”, y el 10 de enero, partió el largo camino de regreso a Lima. En el corto periodo que permaneció en Bolivia refrendó y consolidó la tarea iniciada por Sucre entre febrero y octubre de 1825, había dejado establecidas las bases sobre las que debía construirse la nueva nación. El Mariscal Antonio José de Sucre asumió entonces la difícil tarea de reavivar la economía, cambiar la estructura fiscal, reformar la Iglesia y establecer otras instituciones públicas.

GENERAL LEÓN GALINDO CAMACHO.
UN COLOMBIANO, POR DERECHO BOLIVIANO.
Autor: Carlos Calvo Galindo.

Este año de 1995 marca 170 años de la Independencia de nuestro país y también 200 años del nacimiento de algunos de los más destacados protagonistas de este acontecimiento histórico. En efecto, nacieron en 1795, en el mes de febrero Antonio José de Sucre en Cumaná, en marzo Casimiro Olañeta en La Plata y en junio León Galindo en Vélez-Colombia.
La adolescencia de todos aquellos jóvenes fue hondamente inspirada por los acontecimientos insurgentes de la época. En toda Hispano América, a fines de la primera década del nuevo siglo XIX, la vida colonial y su sociedad estaban convulsionadas por las repercusiones de la Revolución Francesa, la Independencia de Estados Unidos y las tribulaciones que aquejaban a la monarquía europea. Más aún, los criollos americanos y españoles en América querían tomar el destino en sus manos y no estaban dispuestos a seguir siendo gobernados desde España por virreyes y oidores enviados por la corona. Así comenzaron a darse las primeras acciones libertarias que se iniciaron el 25 de mayo de 1809 con el pronunciamiento de La Plata.
En 1809, dos muchachos, ambos de 14 años, hijos de familias criollas, abandonaban sus hogares para enlistarse en la filas de los patriotas que preparaban la lucha por la libertad y la independencia. Sucre el venezolano combatiría en el intento revolucionario de Caracas de 1810 y Galindo, el colombiano, se incorporaba como cadete a las fuerzas revolucionarias de Colombia. Así se generaban los preludios para la conformación del Ejército Libertador Unido encabezado por Bolívar, del cual formarían parte destacada Sucre y Galindo. Liberando primero a Colombia en 1819, a Venezuela en 1821, al Ecuador en 1822 y Perú en 1824, los tres personajes llegaron a Bolivia en el año de su independencia, a la cual contribuyeron significativamente. Bolívar se quedó en Bolivia menos de cinco meses, Sucre por un espacio de tres años y Galindo para el resto de su vida, hasta su muerte en 1865.
En la iglesia de San Judas Tadeo de la ciudad de Vélez en la Provincia de Socorro, en el Libro de Bautismo (años 1794-1799) se encuentra a la fecha 12 de agosto de 1795, la partida de “Joseph León, de un mes y quince días, hijo legítimo de Don Santiago Galindo y de Doña Antonia Camacho”. Posteriormente León Galindo estudió en el colegio Santa Fe de Bogotá.
Su destacada y honrosa “Hoja de Servicios”, con las respectivas firmas manuscritas, cuyos originales conserva su familia, muestra que León Galindo tuvo una distinguida trayectoria militar, que comienza cuando, en 1819, Bolívar lo asciende a Capitán “vivo y efectivo” de Infantería, y después de recorrer todos los grados, hasta el de General de Brigada 1828, el Mariscal Sucre lo designa Jefe de Estado Mayor del Ejército de Bolivia.
Esta relación muestra cuan intensa fue la carrera militar del joven Galindo, acentuada naturalmente por las muchas batallas en que le tocó actuar, siendo herido en dos oportunidades. El parte y detalle que dio el General en Jefe del Ejército Unido Libertador Antonio José de Sucre al Gobierno del Perú de la Batalla de Ayacucho, desde el Cuartel General a 11 de diciembre de 1824, destaca lo siguiente:
“La aurora del día 9 vio estos dos ejércitos disponerse para decidir los destinos de una nación. Nuestra línea formaba un ángulo: la derecha, compuesta de los batallones Voltígeros, Bogotá, Pichincha y Caracas...” “... (Dos) batallones conducidos por sus comandantes Gual y Galindo trabajaron con extraordinaria audacia...”
El 22 de mayo de 1826, Sucre designó a León Galindo Prefecto Comandante General del Departamento de Potosí, funciones que ejerció hasta su renuncia el 14 de diciembre de 1827, siendo reemplazado por el Coronel Francisco López. Galindo fue el primer Prefecto de Potosí, pues quienes lo antecedieron, el doctor Leandro de Uzín, el general Guillermo Miller, ostentaban todavía la anterior nomenclatura de “Presidente de la Provincia de Potosí”. En esa época, el despacho del Prefecto estaba ubicado en el hoy monumento histórico de la Casa de la Moneda. El general León Galindo fue sucedido en ese cargo por el doctor Casimiro Olañeta.
Cuando ejercía la Prefectura de Potosí, León Galindo contrajo matrimonio el 13 de agosto de 1826, según consta en el Libro de Matrimonios (1819-1891) del Archivo Parroquial de la Santa Basílica: “con Doña Antonia Argüelles, española, natural de la ciudad de Lima, hija legítima de Don Andrés Argüelles y de Doña Manuela Gutiérrez”, Sucre que por entonces era ya Presidente Constitucional de Bolivia, fue padrino del matrimonio y, no pudiendo asistir al mismo en Potosí, fue representado por el padre de la novia Don Andrés Argüelles. Anécdotas de familia cuentan que pasada la ceremonia, el flamante esposo de 31 años de edad se tomó la libertad de jalar la trenza de su esposa y ella, que tenia 13 años, retribuyó tirando de su cabellera, descubriendo que él usaba una pequeña peluca.
En aquella oportunidad Sucre era Presidente de la República Boliviana y Galindo Prefecto de Potosí; el primero era también General en Jefe de los Ejércitos de Colombia y el segundo Coronel Efectivo de Colombia. Esta situación requirió que Galindo solicitase a su superior autorización para casarse. Sucre otorgó su beneplácito comprometiéndose a su vez transmitir el acontecimiento a Bolívar. En efecto el matrimonio “naturalizó” a León Galindo como boliviano, quien poco después dejó el servicio colombiano y fue incorporado al ejército boliviano, primero como Coronel y luego como General de Brigada.
Una circunstancia ilustrativa del comportamiento de estos personajes de la independencia y de la relación de amistad entre ellos, se aprecia cuando Sucre rechazó una solicitud de préstamo hecha por Galindo que necesitaba para hacer confeccionar un uniforme nuevo para la ceremonia de su matrimonio. En su lugar, Sucre regaló a Galindo su propio uniforme militar, aún conservado por su familia. La pulcritud y delicadeza con que manejaban los libertadores los asuntos de estado y las arcas del tesoro, contrasta a su vez con su fogosidad en el amor.
Sucre escribe a Galindo:
“Chuquisaca, a 15 de julio de 1826. Mi querido Coronel: No habrá embarazo en dar a Dueñas (Comisario del Batallón) el permiso de casarse, si es con alguna niña que valga algo por su conducta, y que tenga los requisitos que exige la ordenanza... Entiendo que no es sólo Dueñas el que quiere casarse en Bogotá (el Batallón Bogotá), sino que este ejemplo parece que quiere darlo el Jefe del Cuerpo (León Galindo); y casi estoy por decir que hasta el Jefe de Bolivia (Sucre). Dicen que los militares son locos en la guerra; pero yo los creo más locos en la paz, en que después de haber combatido por la libertad, quieran voluntariamente esclavizarse. Su buen amigo, Sucre”.
Sucre no pudo evitar “esclavizarse voluntariamente” y dio rienda suelta a sus pasiones. Es interesante especular que cuando Sucre escribió esta carta a Galindo, en julio de 1826, confiándole su inclinación hacia el matrimonio, ¿estaría pensando en su prometida en el Ecuador o en alguna dama boliviana? En los dos años siguientes Sucre tuvo un hijo natural José María (1826) de su unión con la paceña Rosalía Cortéz y Silva. Estando todavía en Bolivia, contrajo matrimonio por poder con su prometida ecuatoriana Mariana Carcelén y Larrea y además fue padre de un otro hijo natural.
Según consta en el Libro de Bautismos 53, página 94 de la Parroquia de Santo Domingo de Sucre, el día 10 de junio de 1828 se bautizó a “Pedro Czar, del día, hijo natural del Señor General Gran Mariscal de Ayacucho, Excelentísimo Señor Antonio José de Sucre y de la señora Doña Manuela Rojas, natural de Tarija”.
Hacía poco, Manuelita Rojas era la prometida del poderoso tribuno don Casimiro Olañeta. Esta ofensa amorosa influyó en gran medida en la conducta de Olañeta hacia Sucre, culminando con el complot y motín del 18 de abril de 1828 que ocasionó la herida de Sucre y su alejamiento de Bolivia.
A menos de tres años, en 1831 se bautizaba el día 5 de enero, a Jano, hijo natural de Casimiro Olañeta (su único hijo) y Manuela Rojas, según consta en el Libro de Bautismos II, a fojas 123 v. de la Parroquia de San Miguel de la ciudad de Sucre.
Desde el 14 de enero de 1824 hasta el 28 de junio de 1828, Sucre sostuvo copiosa correspondencia con su amigo Galindo impartiendo instrucciones, compartiendo asuntos militares y de estado y, en general, reflejando la confianza que existía entre ellos. En abril de 1918 un nieto de Galindo, el coronel Carlos Blanco Galindo, que luego fuera Presidente de Bolivia, publicó dicha correspondencia.
El prólogo explica lo siguiente:
“Son cartas autógrafas e inéditas del General Sucre, que actualmente publicamos, han sido piadosamente conservadas durante largos años de trastornos políticos en Bolivia por los descendientes del General Galindo. Nos apresuramos a publicarlas, temerosos de que un accidente las haga desaparecer y deseosos que ellas contribuyan a esclarecer algunos puntos de la Historia de Bolivia en los comienzos a su vida independiente”.
El accidente que temía Blanco Galindo sucedió el 4 de diciembre de 1981, cuando algunos de sus descendientes vendieron en remate a la casa Sotheby Parke Bernet de Nueva York, 102 cartas de Sucre al General Galindo en la suma sin precedente de 85.000 dólares al señor Eduardo Gómez, que actuaba en representación de la Fundación de la Cervecería Polar de Venezuela, según despacho de AP, publicado en el periódico “Presencia”, en su edición del 5 de diciembre de ese mismo año.
Fue grande e intenso el compromiso de Galindo con su país de adopción. Colombia, su patria de origen, y su familia quedaron atrás, casi en el olvido. Aún se conserva una carta fechada en Bogotá, el 20 de mayo de 1830, firmada por Doña Antonia Camacho dirigida a su “amado hijo León” reclamando noticias, que dice: “Dios quiera vivas disfrutando toda clase de satisfacciones en unión de tu esposa y mi querida hija Antonia”. La pobre madre no había visto una sola letra del hijo en dos años y siete meses.
Es interesante anotar que en esta carta la madre reclama noticias de “Pericucho”. En efecto, la lista para la Revista de Comisaría del Ejército de Bolivia, de fecha 12 de febrero de 1828, menciona al Teniente Pedro Galindo, como Edecán del Sr. General Jefe (José María Pérez de Urdininea). Es así que en algún momento vino a Bolivia un hermano de León Galindo.
La pareja tuvo 12 hijos: Nicanor, Eliodoro, Daniel, Josefa, Faustino, Olimpia, León, Amelia, Edelmira, Matilde, Celida y Benedicta, de los cuales siete dejaron numerosa descendencia en Cochabamba, donde radicó eventualmente Don León y su esposa Antonia. Toda la familia Galindo de Bolivia desciende de este mismo “tronco central”.
A título de coincidencia histórica, 164 años después que León Galindo fuera ascendido a General de Brigada de Bolivia, sus tataranietos, los hermanos Fernando y Eduardo Galindo, ascendían también simultáneamente a Generales de Brigada.
Retirado de la actividad militar en 1828, León desarrolló una vida plena en actividades cívicas en el entorno de su familia y de la comunidad cochabambina.
Sufrió algunos traspiés, teniendo que afrontar breves exilios, primero a la Argentina y luego al Perú, pero también tuvo la satisfacción de ser designado Vocal de la Junta de Propietarios de la ciudad de Cochabamba el 12 de febrero de 1845, y el 19 de septiembre de 1855, miembro de la Junta Inspectora de Obras Públicas de la misma ciudad. En fecha 11 de diciembre de 1859 arguyendo estar “Cargado de años y frecuentemente de dolencias”, lamentaba no poder desempeñar la Comandancia General del Departamento de Cochabamba. El 20 de abril de 1860, el entonces Secretario de Estado de Guerra José María de Achá, le informaba que S.E., el Presidente de la República José María Linares, le concedía la solicitud de retiro, advirtiéndole, sin embargo, que era provisional puesto que el Presidente tenía el ánimo de llamarlo en breve tiempo al servicio del Ejército.
No habría respiro para este viejo guerrero de la independencia, convertido en vecino prominente y respetado de la ciudad de Cochabamba. Cuando ya tenía cerca a 67 años de edad, el 18 de febrero de 1862, un otro Ministro de Guerra, Celedonio Ávila, le comunicaba que: “S.E. el Presidente de la República [José María Achá] en consideración a los grandes servicios que tiene prestados a la Nación y a su tan conocido civismo, ha tenido a bien disponer que Ud. se haga cargo de esa Comandancia General con arreglo a ordenanza”.
Agobiado por la vida y sus dolencias, quizás consecuencia de las heridas recibidas en las batallas de Carabobo y Bomboná, el 2 de mayo de 1865 Galindo redacta y firma su testamento, en él declara tener como bienes: “Una hacienda en Chullpas en el Cantón de Toco, una quinta en la Muyurina, una casa de altos y bajos en la ciudad ubicada en la calle 25 de Mayo, además de una casa en el pueblo de Orihuela, Cliza”.
Finalmente, desolado por la noticia de la trágica muerte de su hijo mayor Néstor, quien fuera fusilado por orden de Melgarejo después del combate de la Cantería donde cayó prisionero, el General León Galindo Camacho falleció en Cochabamba el 28 de diciembre de 1865, a la edad de 70 años.
El próximo 28 de junio varios de sus descendientes se reunirán en la Ciudad de Cochabamba para conmemorar el bicentenario de su nacimiento y rendir homenaje al ancestro común: el colombiano, por derecho boliviano, que dio origen a los Galindo en Bolivia.