Acerca de Sucre, el Mariscal y la ciudad – Parte 7

Autor: Varios.
Fuente: Suplemento del periódico La Razón, Bolivia, La Paz, marzo de 1995.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL MARISCAL.
SUCRE, GUERRERO Y LIBERAL.
Autora: María Luisa Kent.

José María Rey de Castro, secretario del mariscal Sucre, entre 1824 y 1828, y autor de Recuerdos del Tiempo Heroico ([1881]-1995), establece una analogía entre Sucre y Julio César, por la connotación política que tiene el cruce del río Desaguadero (3 de febrero de 1825). Julio César, militar y estadista, al superar el Rubicón, el año 48 en el siglo 1 antes de nuestra Era, deja de ser el delegado de Roma [Romae Legatus] en las Galias colonizadas, para avanzar sobre Roma, derrotar a Pompeyo y convertirse en César del Imperio Romano. En nuestra interpretación, el “Rubicón” de Sucre no sólo es el cruce de la frontera fluvial entre dos reglones o la ocupación militar de las provincias del Alto Perú, sino también la metamorfosis de guerrero a estadista.
Sucre llega a la reglón de la ex-Charcas, luego de su corto paso por la Intendencia de Quito (junio de 1822 y abril de 1823) y de su labor unificadora y militar en el Perú (abril de 1823 y febrero de 1825). Todas las responsabilidades asumidas, la administrativa, la diplomática y la guerrera, habían contribuido a afirmar las ideas republicanas del joven Mariscal, que, procedentes del tronco de la Ilustración, fueron el fundamento ideológico de su acción política en la etapa de organización del estado boliviano.
Sucre no recibió una esmerada educación, ni viajó a Europa a instruirse como muchos de sus contemporáneos, pero por sus raíces familiares y generacionales, creció y maduró, imbuido de los principios filosóficos del liberalismo, difundido entre las élites revolucionarias a las que perteneció. Las ideas de la Ilustración iluminaron su desarrollo intelectual y le fortalecieron con avanzados principios republicanos.
Para aproximarnos al pensamiento político del mariscal Sucre es indispensable, en primer lugar, establecer sus afinidades con el pensamiento de Simón Bolívar; y en segundo lugar, comprender los fundamentos del realismo político que caracteriza la etapa de post-guerra. Este último, se impuso entre los sectores dominantes de la sociedad, morigerando los preceptos de justicia e igualdad social que impregnaron los principios revolucionarios de la independencia. La etapa de organización republicana, en el Alto Perú como en otras realidades locales, significó un esfuerzo de transformación política en una realidad social enraizada en siglos de dominación colonial.
AFINIDAD ENTRE BOLÍVAR Y SUCRE.
De la vastedad del pensamiento bolivariano rescatamos algunos aspectos, a nuestro juicio, afines con la vocación republicana del mariscal Sucre:
El derecho de las naciones para que adquieran su independencia sobre el cimiento de la libertad, libres de “la desnaturalizada madrastra” (Salcedo Bastardo, 1973); fue el nervio articulador de la lucha independentista de Simón Bolívar, quien desarrolló sus acciones militares y políticas tratando de equilibrar al mismo tiempo, la autonomía y la unidad de las naciones. Para Sucre, fue el fundamento que impulsó su trayectoria militar y definió su pensamiento político.
Los principios de igualdad política y social de los ciudadanos, respeto a la propiedad, soberanía de la nación, derecho al trabajo, respeto a la opinión y a las creencias, libertad de prensa y repartición equitativa de los impuestos -libremente consentidos por los representantes de un país-, constituyeron el basamento teórico de las nuevas instituciones republicanas.
Identificado con aquellos valores, Sucre entendía que el progreso de una sociedad dependía del respeto a los derechos individuales, tal como estaba establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre (agosto, 4 de 1789), proclamada en las jornadas de la Revolución Francesa.
El sistema federal, rechazado inicialmente por Bolívar “por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros...” (Salcedo Bastardo, 1973), era para el mariscal Sucre un sistema inviable y una fuente de discordia interna. Con gran sentido práctico se inclinó por un sistema de gobierno representativo y unitario que controlase los recursos y arbitrase los derechos y las obligaciones civiles.
La visión continental de Bolívar expresada en la Carta de Jamaica (6-X-1815) -documento que, despojado del idealismo inicial de la Primera República colombiana (1812) o “Patria boba”, analiza las dificultades del presente y del porvenir americano y los errores cometidos hasta entonces por la inexperiencia política y la dispersión de recursos-, influyó positivamente en Sucre el momento de emprender los primeros pasos administrativos, los cuales desembocaron en un conjunto de propuestas inéditas en la región.
EL LIBERALISMO POLÍTICO.
Durante los “años revolucionarios” (entre 1797 y 1820), las élites intelectuales, influenciadas por ideas progresistas, habían imaginado soluciones políticas de acuerdo a particularismos locales. La revolución quiteña y los silogismos de los revolucionarios de Charcas en 1809, fueron más moderados con relación a las posturas radicales en favor de los indios y de la mano de obra indígena, llevadas adelante por Hidalgo y Morelos en el México de 1813.
En esta misma, línea, pero con un contenido económico, tanto en el norte como en el sur del continente, se produjeron reclamos por la tenencia de la tierra. Es el caso del venezolano Boyes que promovía la redistribución de la riqueza ganadera, y del uruguayo Artigas (1815) que además luchaba por defender la individualidad de la banda oriental. En otras regiones, la revolución había desembocado en acciones más concretas. Tal es el caso de la temprana independencia de Haití y su Constitución (entre 1801 y 1811); o la llamada “libertad de los vientres” en favor de los negros e indios sometidos a la esclavitud y al tributo, dictada por la Asamblea de las Provincias Unidas del Río de La Plata en 1813.
La Carta de Jamaica de 1815, escrita por Bolívar al iniciarse el corto periodo de reafirmación del absolutismo español (1815-1820), es un documento con una visión más pragmática de la doctrina americanista, que como se ha expresado, se impondría a raíz del fracaso de las primeras experiencias republicanas.
Al analizar la ideología de la revolución en El Pensamiento Político de la Emancipación, José Luis Romero afirma que durante la etapa de consolidación republicana (1820-1825), se inició el debate ideológico entre los nuevos actores políticos, por la búsqueda de formulas ilustradas que se adaptasen a la nueva realidad.
La consigna era luchar contra la anarquía y el desorden, buscar frenos institucionales para evitar el riesgo de formas democráticas tumultuosas y organizar instituciones republicanas que, a través de sus representantes, garantizasen la participación política de los ciudadanos. El nuevo proyecto político llamado república, exigía un freno a la revolución para “dar principio al orden” (1977).
DE GUERRERO A ESTADISTA.
Cuando el Libertador dejó Chuquisaca, el décimo día de enero de 1826, ofreciendo enviar “la Constitución más liberal del mundo” (Mensaje 29-XII-1825), el mariscal Sucre asumió la jefatura del gobierno, “mientras dure la ausencia del Libertador”. Desde ese día y hasta que abandona el territorio, el 2 de agosto de 1828, Sucre gobernaría la flamante República, primero, como Encargado del Mando Supremo, y desde el 28 de octubre de 1826, como primer Presidente Constitucional.
La etapa fructífera de su vida pública está comprendida entre los años 1825 y 1828. Durante la mayor parte de ese corto período, el mariscal Sucre logra mantener un equilibrio político entre su jefatura y la Asamblea. Ese aspecto determinaría un avance importante en la constitución de los Poderes, en la laicización del Estado y en la aprobación de numerosas propuestas sociales. La ruptura se produce en abril de 1828, cuando el caudillismo local empieza a ganar espacio y surgen protagonistas políticos con ambiciones de liderazgo.
Sucre emprende su tarea de administrador del Estado bajo el auspicio del consenso y de la amnistía política, sin embargo en el último tramo de esta etapa empiezan a evidenciarse algunos síntomas de las desventuras políticas y militares, que conmoverían la frágil estructura administrativa de la República. “El terreno sobre el que trabajamos es fango o arena” escribía Sucre, un día antes de negarse a aceptar la presidencia vitalicia de la República. Un año después, volvía a afirmar “Nuestros edificios políticos están construidos sobre arena, por más solidez que pongamos en las paredes, por más adornos que se les hagan no salvamos el mal de sus bases. Es la mayor desgracia conocerlo y no poderlo remediar” (O’Leary, 1981).
No obstante aquella percepción escéptica que invadió de manera colectiva el espíritu de los primeros organizadores de estados, Sucre emprendió la tarea de edificar instituciones republicanas sobre la contradictoria sociedad, semejante a “arenas movedizas”. En la joven Bolivia, los principios de igualdad y justicia social, sustentados por la revolución libertadora, empezaron a resultar contrarios a los objetivos políticos y económicos de la emergente clase dominante.
Persuadido de la eficacia de los instrumentos republicanos para guiar a los pueblos hacia el progreso, el Mariscal se impuso la tarea de edificar su proyecto político sobre pilares institucionales, secundado por civiles y militares, bolivianos y extranjeros, que compartían la misma vocación. Su convicción le llevó a plantar la semilla de un estado constitucional y laico, con administración de justicia independiente y ejército nacional con instrucción básica. Comprendió además la necesidad de controlar los recursos, las rentas públicas y las aduanas, así como de buscar una conexión portuaria propia, libre de trabas arancelarias. Se empeñó en la educación, como instrumento de redención popular, y todo eso, bajo la mira de una opinión pública que empezaba a germinar.
En el doloroso tránsito de Charcas a Bolivia, el liderazgo político de Sucre eclipsó a la “generación de 1825”, al mismo tiempo que permitió una estabilidad poco usual en una etapa de transformaciones. El aparente fracaso político de Sucre, dejó muy arraigado el germen del Segundo Proyecto liberal (1899-1930), el cual maduró cuando las condiciones económicas del país así lo permitieron. Las instituciones actuales: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejército Nacional, la Policía y la Opinión Pública, instituidas en sus orígenes por el Mariscal de Ayacucho, y depuradas entre la inestabilidad y la práctica democrática, continúan siendo ejes del sistema político presente.

POR TÍTULO OTORGADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA.
SUCRE INGENIERO.
Autor: Julio Sanjinés Goitia.

En América Hispana la educación universitaria giraba fundamentalmente en tomo a una idea nuclear: la de Dios. Por eso, todo sistema que era impulsado y dirigido por los clérigos asentados en este continente, giró alrededor de las facultades de Teología, abarcando posteriormente el derecho y la jurisprudencia y más tarde la filosofía y la medicina.
La enseñanza de las matemáticas y en general de las ciencias exactas en cambio fue promovida por ingenieros militares españoles graduados en la Real y Militar Academia de Barcelona establecida en el año 1710. Esta singular escuela fue creada en España para preparar a militares en las ramas de las ciencias exactas, matemáticas, topografía y fortificación, capaces de definir los límites geográficos del gran imperio español, pero sobre todo para consolidar mediante construcción de fortalezas, sus vastas pertenencias coloniales, que eran permanentemente asediadas por corsarios ingleses y por la propia corona británica.
EN VENEZUELA.
Estos ingenieros militares fueron los precursores de la educación técnica y de las matemáticas de la América Hispana. Es así que uno de ellos, el Coronel Ingeniero Juan Pirés, fundó en Cumaná una escuela para la enseñanza fundamentalmente de matemáticas y topografía.
Antonio José de Sucre, niño aún, demostró interés por el estudio de matemáticas y por lo tanto, asistió a esta escuela dando comienzo con ello a una capacitación básica en matemáticas, a sus 13 años ingresó a otra Escuela Militar de Ingeniería.
En esta ciudad, el ingeniero militar español Coronel José Mirés había establecido una Escuela Militar de Ingenieros de mayor amplitud y en la que se enseñaba Aritmética, Algebra, Geometría, Topografía, Construcciones Civiles, Dibujo Lineal, Fortificaciones, etc.
El futuro Mariscal permaneció en esta escuela hasta su graduación en 1810, año en el que fue incorporado por la Primera República como Subteniente en el Cuerpo de Ingenieros.
En 1813, actuó como ingeniero a órdenes de Mariño participando en la captura de Cumaná. A partir de esa fecha, por su comportamiento militar y trabajos Sucre ascendió rápidamente, primero a Capitán y luego a Mayor a sus 17 años. En ese grado organizó un Batallón de Zapadores con el que contribuyó a la caída de Barcelona.
A partir de 1815, trabajó como ingeniero en las obras de fortificación de las defensas de Cartagena. Existen referencias de que al ser designado Francisco Miranda jefe supremo del ejército por el Congreso Nacional, éste nombró a Sucre como Jefe de Estado Mayor. Las mismas fuentes señalan que al cumplir los 19 años, por su destacada actuación en el ejército de Mariño bajo las directas órdenes de Francisco Bermúdez, fue ascendido a Coronel, habiendo obtenido el año 1819 el despacho de General a los 24 años.
Muchas fueron las realizaciones del Mariscal Sucre como ingeniero, pero lamentablemente, su trayectoria posterior como insigne militar, eclipsó sus actividades técnicas y son pocos los historiadores que hacen especial referencia a ellas.
EN BOLIVIA.
En lo que respecta a Bolivia, aspectos dignos de mención son los referentes a que el mariscal Sucre, debido a su formación técnica al consolidar la organización del incipiente ejército, tuvo especial interés en propiciar la educación de las ciencias exactas, crear un núcleo de tropas técnicas y establecer una comandancia de Ingenieros.
Estos propósitos están reflejados en la Ley Reglamentaria del 1ro de enero de 1827, en la cual establecía las clases, sueldos, uniformes y la propia organización del Ejército Boliviano.
No obstante que durante toda la Guerra de la Independencia, los ejércitos patriotas no habían tenido tropas de ingenieros, excepto aquellos Zapadores organizados por el propio Sucre, en esta ley se consideraron a los oficiales y tropas con el denominativo de ingeniero, determinando haberes, rango y uniformes. Estableció un sueldo para los componentes del Arma de Ingeniería, superior a las de las otras armas.
Puso en ejecución el Decreto de Bolívar para el establecimiento del primer Colegio Militar, cuyos planes de estudio fueron revisados por el propio Sucre enfatizando la orientación hacia las matemáticas.
Asimismo, estableció la Comandancia de Ingenieros, nombrando al General Francisco Burdett O’Connor, como primer Comandante de Ingenieros del Ejército de Bolivia. Adoptó esta determinación en virtud a que de todos los oficiales que integraban la plana mayor del Ejército de Bolívar, O’Connor era el oficial más capacitado técnicamente, con conocimientos que había adquirido en la Escuela Militar Irlandesa, donde inició su carrera militar, con la que complementó en el Ejército Francés, antes de incorporarse a los ejércitos libertadores.
INFORME SOBRE EL LITORAL MARÍTIMO.
Al llegar a Chuquisaca, O’Connor presentó a Sucre un informe detallado sobre el Litoral Marítimo de Bolivia, trabajo que le había sido encomendado por el Libertador Bolívar para efectuar un reconocimiento pormenorizado de la costa boliviana, para determinar la ubicación más óptima del futuro puerto boliviano. Este informe impresionó a Sucre, quien de inmediato lo nombró Comandante de Ingeniería con la misión de efectuar una planificación urbana de la ciudad de Chuquisaca, iniciar la construcción de escuelas y establecer una organización para fijar los limites geográficos de la nueva república.
El general O’Connor no sólo cumplió con eficiencia las misiones encomendadas, sino que donó toda la recompensa monetaria que la República de Bolivia le había reconocido por la lucha libertaria, para la compra de material topográfico y de ingeniería para iniciar la Comandancia de Ingeniería del Ejército.
Estimo que por ello, Bolivia y en especial sus Fuerzas Armadas deben rendir a Sucre, adicionalmente a los que normalmente le reconocen, un homenaje especial como precursor de su tecnificación y como el primer ingeniero boliviano.

LA MINERÍA DE LA PLATA EN EL GOBIERNO DE SUCRE.
DEL OCASO COLONIAL A LAS FRUSTRACIONES REPUBLICANAS.
Autor: Manuel E. Contreras C.

EL OCASO COLONIAL.
La minería argentífera estaba en crisis a fines del siglo XVIII. Después de llegar a su punto más alto de producción en 1790, comenzó un período de estancamiento y descenso en la medida que escaseaba la mano de obra —con el decaimiento del sistema de reclutamiento forzado a través de la mita— y a medida que la provisión de mercurio de Europa —insumo clave para recuperar la plata metálica del mineral— se hacía cada vez más irregular. Asimismo, la falta de manutención del sistema de lagunas que proveía energía hidráulica para la molienda del mineral en los ingenios, también afectó negativamente a la producción.
Esta situación fue agravada con el comienzo de las guerras de la independencia en la primera década del siglo XIX. Los conflictos armados dificultaron aún más a provisión de mano de obra a través de la mita, y desestructuraron los circuitos de provisión de mercurio de Europa y de Huancavelica en Perú. El conflicto también afectó el sistema de provisión de crédito a través de los anticipos que el Banco de San Carlos proveía a los azogueros (dueños de los ingenios de beneficio). Adicionalmente, la violencia y la destrucción provocadas por los conflictos mismos, fueron motivo del abandono de muchas minas que luego se inundaron. Por lo tanto, la menor producción del primer tercio del siglo XIX se registró en 1815. La disminución en la actividad de los ingenios en el Cerro Rico de Potosí corrobora esto plenamente. Según observadores de la época, en 1819 sólo habían 14 cabezas de ingenio en funcionamiento (un décimo de lo que sucedía en 1809); en 1822 continuaban trabajando 14; en 1825, l2 y en 1836, sólo 15 (Tandeter, 1992).
LAS FRUSTRACIONES REPUBLICANAS.
Al inicio de la República por lo tanto, la minería boliviana sufría de la destrucción física de sus instalaciones de beneficio y provisión de agua, de inundaciones, de la desarticulación de sus mecanismos de financiamiento, y de una deficiente provisión de mano de obra y de mercurio.
Ante esta situación, el programa del gobierno de Sucre fue formulado con anterioridad a la creación misma de Bolivia. Efectivamente, en su “Memoria a la Asamblea de Encargados de los Departamentos del Alto Perú”, leída el 10 julio de 1825, Sucre planteaba la necesidad de reactivar la minería a través de la creación de una Dirección de Minería y una Escuela de Mineralogía. Una vez en el gobierno, no fue fácil ejecutar lo propuesto.
El gobierno refaccionó las lagunas que aprovisionaban agua a los ingenios y también realizó esfuerzos por mejorar la provisión de mano de obra y de mercurio. Respecto a la mano de obra, el enfoque fue el de reglamentar una legislación laboral que establecía derechos y obligaciones tanto para los empresarios como para los mineros, que se plasmó en la promulgación del Código de Trabajo Minero en septiembre de 1826. Sin embargo, esta medida no resolvió el problema de escasez de mineros. Las causas de este déficit tenían diversas explicaciones, desde la escasa población de Bolivia y las condiciones malsanas de trabajo, hasta —según observadores externos— la holgazanería de la población que había abandonado el trabajo minero por muchos años debido a la crisis del sector.
Para mejorar la provisión de mercurio, el gobierno alentó la exploración de fuentes bolivianas de provisión de este metal. Aunque se descubrieron depósitos en Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, ninguno resultó ser comercialmente viable. Los azogueros proponían que el gobierno importara el azogue o mercurio directamente, pero Sucre era renuente a ello. En vez, el gobierno redujo los impuestos de importación sobre el mercurio y otros insumos mineros como la madera. Esta medida, como la legislación laboral, fue de escaso impacto, tanto en el suministro como en el precio, y los azogueros no paraban de destacar que era obligación del gobierno asegurar la provisión de azogue, como lo había hecho la corona española (Lofstrom, 1983).
Pero además de dificultades en la provisión de dos insumos claves, mano de obra y mercurio, la minería republicana sufría de un problema estructural, también heredado de la colonia. Nos referimos a un significativo rezago tecnológico y empresarial. En realidad no hubo un resurgimiento del sector, hasta que ambos aspectos fueron resueltos en la década de los 1870. Efectivamente, el súbdito británico Joseph Barclay Pentland que visitó Bolivia en 1826 observaba que: “De las muchas causas que han contribuido a la decadencia de [la minería], ninguna ha tenido mayor influencia que la manera poco juiciosa en la cual trabajaron las tres vetas principales después de su descubrimiento y las dificultades encontradas al limpiar los viejos trabajos en períodos subsecuentes, por la ignorancia de parte de los que las emprendieron”. (Pentland, [1826]- 1975).
Sobre este último aspecto, el experto minero alemán Hermann Barón de Czettriz y Neuhaus también era crítico de la comunidad minera que según él “creen saber todo muy bien, no quieren aprender y son flojos que no quieren salir del pasado de sus abuelos” (Citado en Tandeter, 1978). Probablemente este bajo nivel técnico-empresarial y la reticencia al cambio expliquen por qué fue tan difícil establecer y mantener las escuelas de minería propuestas por Sucre en 1825.
En virtud a lo anterior, y a la necesidad de capitales, tecnología y desarrollo empresarial, el énfasis del programa minero de Sucre descansaba sobre la posibilidad de atraer capital extranjero. El capital extranjero, además, era necesario para limpiar, desaguar y rehabilitar los socavones, tareas para las cuales era necesaria la importación de maquinaria moderna (Mitre, 1991). En parte debido a la crisis del mercado financiero de Londres en 1825, fue imposible, también, lograr este objetivo. Sólo se llegó a conformar una compañía minera, la “Potosí, La Paz, and Peruvian Mining Corporation,” que no tuvo éxito, en parte por los problemas de escasez de mano de obra y azogue anotados arriba. Sin embargo, cabe especular que, si no hubiera caído la bolsa en Londres, el monopolio gubernamental sobre la compra de minerales a precios menores que el mercado (heredado de la colonia), hubiera sido lo suficientemente atractivo para contar con un mayor número de inversionistas.
LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA.
Las dificultades encontradas en la evolución de la minería de la plata a principios de la República demuestran la persistencia de problemas que ésta arrastraba desde fines del siglo XVIII. Muchas eran estructurales y no podrían ser resueltas en el corto plazo. Si bien hubo un ligero repunte en la producción entre 1825 y 1830, la independencia no fue la panacea para la minería y los esfuerzos del gobierno de Sucre tampoco fueron suficientes para remontar una situación tan adversa.
Sin duda el mayor problema era la escasez de capitales para revitalizar la industria y recién poner solución a los aspectos de provisión de mano de obra y de mercurio. Sin embargo, también había que superar “la falta de conocimiento entre aquellos comprometidos en operaciones mineras y los altos derechos exigidos por el Gobierno sobre el producto de las minas” (Pentland). Esto no se logró hasta que cambió la política fiscal en la década de 1870, estimulando nuevas inversiones que, a su vez, mejoraron los métodos de explotación y de beneficio, y demostraron que sin modernización tecnológica, la minería boliviana no podría resurgir.

LA REFORMA TRIBUTARIA DE LOS LIBERTADORES.
UNA PROPUESTA Y UN FRACASO.
Autor: Gustavo A. Prado Robles.

Muchos líderes criollos que lucharon por la independencia de Hispanoamérica tenían ideas liberales. Estaban convencidos de que el progreso económico y social de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América se debía, en buena medida, al carácter liberal de sus instituciones. Consideraban, por tanto, que era imperioso abolir el sistema corporativo y de castas, que había frenado el desarrollo económico y social en el periodo colonial, y dotar a las nuevas repúblicas hispanoamericanas de instituciones que establecieran con firmeza la igualdad de los individuos ante la ley, y alentaran la iniciativa privada.
Al producirse la emancipación política, la élite hispanoamericana se apresuró a poner en práctica un vasto programa de reformas administrativas, jurídicas, sociales, económicas, fiscales, eclesiásticas, y educativas. Los primeros ensayos reformistas se concretaron en la primera mitad de la década de 1820 en el Río de la Plata, Nueva Granada y Venezuela, y los últimos tuvieron lugar en México y Guatemala en el inicio de la década de 1830.
Sin embargo, el entusiasmo reformista de estos primeros años se disipó luego, casi en todas partes, y varias reformas importantes no llegaron a implantarse. La agudización de la crisis económica, la inestabilidad política, y la resistencia tenaz de los grupos sociales conservadores entrabaron el proceso de cambio institucional en las flamantes repúblicas. Desde entonces, hasta mediados de siglo, las posturas ideológicas conservadoras prevalecieron en Hispanoamérica.
Bolivia no estuvo al margen de estas tendencias globales. Las reformas liberales en el país fueron iniciadas por Simón Bolívar en 1825, aún antes de que la independencia se consolidara. Cupo al presidente Antonio José de Sucre (1826-1828) completar e intentar poner en práctica el paquete de reformas en el país. Los resultados no fueron alentadores, principalmente en lo concerniente a las reformas socioeconómicas. El tema ha sido tratado con detalle por William Lee Lofstrom, en El Mariscal Sucre en Bolivia (1983). La información básica que sirve de soporte al presente escrito proviene de la obra de Lofstrom.
LA ECONOMÍA REPUBLICANA.
Al erigirse como república, Bolivia tenía aproximadamente un millón de habitantes, 80% de los cuales eran indígenas. Poco menos de 90% de la población vivía en el campo, dedicada a actividades agrícolas, pastoriles y artesanales, mayormente de subsistencia. Los mercados urbanos eran estrechos, y habían sufrido un largo proceso de contracción debido a la declinación secular del sector minero.
Los problemas económicos del Alto Perú se habían acentuado en el periodo de la guerra. La producción de plata había bajado a niveles sin precedentes (156.110 marcos anuales en la década de 1820-1829), y lo mismo había ocurrido con la producción agrícola (la recaudación del diezmo en el Alto Perú había caído sostenidamente en la década de 1820).
El rápido despoblamiento de las ciudades fue otro rasgo característico del periodo de la guerra. La población de Potosí, que contaba con 75.000 habitantes en 1788, no llegaba a los 10.000 en 1825. Por su parte, la población de Oruro, el otro centro minero importante del país, había bajado de 15.000 habitantes en 1809 a 4.600 en 1826, y algo parecido había ocurrido en las demás ciudades del Alto Perú.
Por último, los ingresos fiscales, que provenían en gran medida del tributo indígena, también habían disminuido con rapidez en el último quinquenio de la guerra (lo recaudado en 1825 sólo alcanzaba a un 75% del monto correspondiente a 1820), mientras que los gastos de la novel república se incrementaban y sus cuentas por pagar se acumulaban sin cesar. Las cajas de La Paz (40%) y Potosí (27%) eran las que más aportaban al tesoro nacional en esos años.
LA REFORMA TRIBUTARIA.
Bolívar y Sucre estaban al tanto de los problemas económicos y financieros del país. Ellos sabían que, en esas condiciones, la puesta en marcha de una reforma tributaria no sería empresa fácil, y que, en todo caso, ésta no se traduciría en un incremento inmediato de los ingresos públicos. No obstante, en el ánimo de los libertadores primó el deseo de corregir cuanto antes el sesgo anti-indígena del sistema tributario colonial.
El decreto que eliminó el tributo indígena e instituyó la contribución directa en Bolivia fue firmado por Bolívar el 22 de diciembre de 1825. De acuerdo a la nueva disposición, a partir del primero de enero de 1826, todo hombre mayor de edad, comprendido entre los 18 y 60 años, sin distinción de casta, pagaría una “contribución personal” de 3 pesos por año. Sólo los militares en servicio activo, los religiosos de claustro, y los inválidos estaban exentos de este pago.
El decreto también establecía la “contribución de propiedad”. Los propietarios de fundos rústicos pagarían un impuesto equivalente al 4% del alquiler que percibían, o el 3% sobre el valor de la propiedad, si ésta no estuviese alquilada. Los dueños de inmuebles urbanos tendrían que pagar el 3% del alquiler que cobraban, o el 2% del valor estimado del alquiler que cobrarían si el inmueble estuviese alquilado.
Finalmente, el decreto instituía un impuesto a la renta personal. A los jueces, militares pasivos, y otros empleados gubernamentales se les descontaría entre el 1 y el 5% de sus sueldos anuales. Los profesionales liberales (abogados, médicos, escribanos y farmacéuticos) pagarían el 3% de un ingreso promedio que se estimaba en 500 pesos anuales. Los artesanos y jornaleros pagarían el 2% de sus ingresos, los comerciantes de mercancías ultramarinas el 6%, y los tenderos, abarroteros y pulperos el 3%.
Las instrucciones detalladas para la confección de padrones, tasación de propiedades, cálculo de ingresos y recaudación de impuestos fueron expedidas por Sucre el 29 de enero de 1826, y los trabajos de empadronamiento y valuación se iniciaron en marzo.
EL FRACASO DE LA REFORMA.
La élite altoperuana opuso firme resistencia a la reforma tributaria, puesto que no estaba dispuesta a renunciar a los privilegios de casta que había disfrutado en el antiguo régimen. Además, los criollos consideraban que el impuesto directo era denigrante para ellos, ya que los igualaba socialmente a los indígenas. El descontento indígena que se produjo en la misma época no se debía tanto al establecimiento de la contribución directa, sino más bien a la reforma agraria liberal que pretendía eliminar la propiedad comunera de la tierra, adjudicar parcelas individuales a los indígenas, y vender las tierras sobrantes a particulares.
Además de la fuerte resistencia civil a la reforma, el empadronamiento y las valuaciones se vieron obstaculizados por problemas técnicos y administrativos. Mientras tanto, el desconcierto cundió entre los contribuyentes, y la recaudación tributaria siguió bajando. A mediados de 1826, el presidente Sucre se vio forzado a autorizar el cobro del tributo indígena correspondiente al tercio de San Juan y, en diciembre del mismo año, el Congreso acordó restablecer el tributo indígena para evitar el inminente desastre fiscal. En 1826 y 1827, los ingresos fiscales (incluyendo el tributo indígena) no llegaron a los 1.600.000 pesos por año, monto que representaba menos del 70% del total recaudado en el inicio de la década de 1820. La participación del tributo indígena en el conjunto de los ingresos fiscales alcanzó proporciones considerables en esos años (40% en 1826, y 39% en 1827).
LAS CONSECUENCIAS.
El fracaso de la reforma tributaria privó a la naciente República de contar con una base tributaria más amplia y equitativa con relación a la que había heredado de la colonia, con el agravante de que ahora tenía que hacer frente a un presupuesto mayor de gastos. Asimismo, el largo periodo de estancamiento económico que experimentó el país después de la guerra restringió fuertemente el crecimiento de la recaudación tributaria. Hasta mediados de la década de 1860, los ingresos fiscales se mantuvieron en torno de 2.080.000 pesos, y los déficits fiscales se hicieron frecuentes.
En las cinco décadas siguientes, la contribución indígena (34,7%) continuó siendo la principal fuente de ingresos fiscales, y también la más estable. Los impuestos aduaneros (17,5%), y los gravámenes a la minería (17,1%) también fueron fuentes importantes de ingreso en ese periodo.
EL SEGUNDO MOVIMIENTO REFORMISTA.
Hacia mediados de siglo, las doctrinas liberales cobraron renovado vigor en Hispanoamérica, y un influyente grupo de políticos e intelectuales bolivianos se adhirió a ellas con entusiasmo. En el inicio de los años sesenta se discutieron varias propuestas de modernización para el país. Los debates más intensos se produjeron en torno a la adopción del sistema métrico decimal, el saneamiento monetario, la abolición del monopsonio estatal sobre las pastas de plata, la reforma tributaria, y la abolición de la propiedad comunera de la tierra.
Las posturas liberales se fueron imponiendo gradualmente, y culminaron con la dictación de la ley de exvinculación de tierras, de 5 de octubre de 1874. Esta ley abolió la comunidad indígena y eliminó el tributo, instituyendo en su lugar un impuesto general a la propiedad de la tierra. La ley de exvinculación comenzó a ponerse en práctica después de la guerra del Pacifico, pero no tuvo los efectos previstos por los ideólogos liberales. En vez de convertir a los indígenas comuneros en campesinos libres, propietarios de la tierra que trabajaban, esta reforma facilitó la expansión del latifundio, y la concomitante conversión de los comuneros en colonos de hacienda.